La Junta pactó pagar 100.000 euros de más al ex concejal de IU prejubilado

Antonio García Márquez, ex concejal de IU en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) y miembro de CC OO, fue uno de los señalados por la Junta como «intruso» en un ERE a principios de 2011, meses después de que trascendiera el escándalo. En concreto, era beneficiario de una prejubilación irregular en la empresa pública Egmasa por importe de 120.887,88 euros, como consecuencia de un acuerdo de 2006. Una vez que el Ejecutivo de Griñán inició el proceso de revisión de las ayudas tras la apertura de las diligencias en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, García Márquez dejó de percibir las rentas mensuales acordadas. Sin embargo, interpuso una demanda de ejecución para reclamar su derecho en virtud del acta de conciliación firmada en su día. El juzgado de lo Social falló a su favor y ahora la Agencia de Medio ambiente y Agua –organismo de la Administración andaluza– quiere impugnar la concesión de la ayuda, ve indicios de relevancia penal y ha pedido –de manera infructuosa– su personación en la causa de los ERE.

Según el escrito de la Junta al que ha tenido acceso este periódico, «Antonio Márquez García fue despedido, mediante despido disciplinario, sin que conste expediente disciplinario alguno conforme al Convenio Colectivo de aplicación. La carta de despido indica como infracción motivadora la falta de asistencia al trabajo».

El relato de los hechos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua aclara que «el trabajador había estado liberado del desempeño laboral, con motivo de un pacto existente con el sindicato CC OO sobre representación sindical, de modo que su presencia física en el lugar de trabajo no era la normalmente exigida por razón de su ocupación». Y apunta la clave de la «maniobra»: «El objetivo último del despido era que el trabajador fuera prejubilado por la empresa, sin que en dicha prejubilación concurrieran los requisitos legalmente establecidos».

El acuerdo se plasma más tarde en el acto de conciliación. «Según la demanda de conciliación, lo único que se solicitaba en la misma por el trabajador era la consideración de dicho despido como improcedente, solicitándose por tanto la readmisión o bien la indemnización legalmente exigible». Sin embargo, «con avenencia, se pactan obligaciones de la empresa que no habían sido solicitadas por el trabajador, que multiplican el importe de lo que habría sido la indemnización legalmente exigible para el despido improcedente, al menos en seis veces, ya que la indemnización que hubiera debido percibir el trabajador por despido improcedente no habría superado los 20.000 euros, puesto que al tiempo del despido tenía cotizados 3.660 días y su salario año era de 15.772,05 euros».

La investigación posterior del organismo público señala la participación en los hechos de tres trabajadores. La responsable de personal M. M. E. –que luego se convirtió en coordinadora provincial en Sevilla de la Agencia de Medio Ambiente y Agua–; el responsable de relaciones laborales A. V.; y P. G., director de la división de Recursos Humanos.

También hubo intervención externa. La del directivo de Vitalia Jesús Bordallo –imputado–, que fue la persona que cerró la póliza y la de Antonio Perianes, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC OO –reelegido en el cargo a finales de noviembre del año pasado–.

Asegura el informe presentado en el juzgado que en un correo electrónico «se infiere que D. Antonio Perianes tenía pleno conocimiento del pacto de prejubilación, desconociéndose las relaciones o pactos con la Dirección General de Empleo que pudieran haber amparado el cobro de la subvención de prejubilación».

El escrito reseña que Antonio Márquez García –concejal de IU en Almonte entre 2003 y 2007– «habría sido prejubilado con grave lesión para la Hacienda pública, de forma totalmente contraria a la ley». Además, pese a que existe constancia del acta de conciliación, la empresa pública no reconoce la póliza de rentas firmada posteriormente y que le ha servido al ex concejal para cobrar las cantidades pactadas. Considera que el documento «sería presumiblemente falso» y no reconoce la firma «de quien habría actuado por Egmasa».

Las pruebas aportadas sobre el «acuerdo» entre las partes

La documentación sugiere que el despido disciplinario no era más que la excusa para optar a la prejubilación y que, según el correo electrónico aportado, el secretario de CC OO Antonio Perianes estaba al corriente. El escrito de la Agencia de Medio Ambiente y Agua –donde se engloba la extinta Egmasa– sugiere que «al margen de la responsabilidad disciplinaria que pudiera incumbir a los trabajadores, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de fraude previsto en el artículo 436 del Código Penal».