Déficit autonómico
La Junta pide ahora que se amplíe el objetivo de déficit
Exige al Gobierno central que lo aumente para 2016 en 5 décimas, del 0,3 al 0,8 por ciento, después de que Díaz se declarara en rebeldía
La pelea de la Junta con el Gobierno central a cuenta del déficit, sigue. La primera reclamará al segundo que amplíe en cinco décimas el objetivo para las comunidades autónomas en 2016, pasando del 0,3 al 0,8 por ciento, después de haber asegurado que cumplió sin hacerlo el de 2015. Así lo anunció ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien demandó que la mayor parte de esa flexibilidad que reclaman sea para «blindar políticas sanitarias, educativas y sociales» en las regiones.
Montero formuló esta petición, tras conocer las nuevas previsiones macroeconómicas que el Ejecutivo central en funciones enviará a Bruselas antes de fin de mes en el marco del Programa de Estabilidad 2016-2019, que contemplan un déficit público del 3,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para este año, frente a la estimación inicial del 2,8 por ciento. Y después de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se declarara en rebeldía y advirtiera a Madrid, desde el Parlamento andaluz, que no va a recortar más para cumplir con el déficit.
La consejera de Hacienda defiende ahora que, de la ampliación de ocho décimas del objetivo de déficit en 2016 para España, «más de la mitad» vaya a las comunidades, «como mínimo el 0,5 por ciento».
En declaraciones a Europa Press, Montero, saludó el anuncio del ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, sobre la ampliación del objetivo de déficit enviado a Bruselas, aunque lamentó que el Gobierno no informara sobre esta rebaja en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado viernes.
«En esa reunión no se dijo ni una palabra sobre este tema y hoy –por ayer– el ministro casi ha dado por hecho que Bruselas va a conceder 0,8 décimas de flexibilidad en el objetivo de déficit», señaló. Si ello finalmente es así, «hay que atender a las peticiones que hacen las comunidades, a las que se les exige una no disponibilidad que no es posible efectuar», zanjó.
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