La Junta pide una fianza civil de 8,6 millones para el quinto hijo de Ruiz-Mateos imputado

La acusación que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha solicitado este martes una fianza de responsabilidad civil de 8,6 millones de euros para un quinto hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos imputado en la causa, para quien la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna medida cautelar, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las mismas fuentes consultadas han precisado que la Junta de Andalucía ha pedido para José María Ruiz-Mateos Rivero una fianza civil de 6.485.785 euros más el tercio legal correspondiente, lo que hace una suma de 8,6 millones de euros, y ha interesado que el imputado haga frente a esta cantidad con carácter solidario junto con sus hermanos Francisco Javier, Pablo y Zoilo, también encausados.

La acusación que ejerce la Junta ha pedido esta fianza civil "sin perjuicio de la investigación"que se está realizando en torno al resto de empresas del grupo, mientras que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido ninguna medida cautelar para el imputado, tal y como ya hizo en el caso de Zoilo.

Frente a ello, cabe recordar que el Ministerio Público sí pidió una fianza civil de algo más de 8,5 millones de euros para Francisco Javier y Pablo Ruiz-Mateos, mientras que para Alvaro solicitó una fianza civil de 110.242 euros, más el tercio legal.

La magistrada ha imputado a José María Ruiz-Mateos Rivero, consejero delegado del Grupo Rumasa, porque de la declaración prestada por el exabogado de la familia Joaquín Yvancos se desprende que "daba instrucciones directas sobre lo que se tenía que hacer en cada una de las empresas del grupo".

De este modo, sería "conocedor y partícipe de las irregularidades que presuntamente se cometieron en los ERE"del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) y Dhul, "conociendo por tanto y siendo partícipe igualmente del presunto tráfico de influencias a favor del Grupo Nueva Rumasa ejercido ante la Junta"por el 'conseguidor' Juan Lanzas "para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE, así como de los ya referidos pagos efectuados a Lanzas a razón de 100 millones de pesetas por cada ERE".

"De la anterior exposición deriva que existen personas implicadas en este expediente que serían conocedoras y partícipes de las presuntas irregularidades cometidas en las subvenciones otorgadas a las empresas vinculadas con la familia Ruiz-Mateos y de la existencia de 'intrusos', intermediación y pagos"a Lanzas, dice la juez.

En su declaración, y tal como ya hicieron sus hermanos, ha puesto de manifiesto que era su padre "quien tomaba las decisiones"y ha asegurado que sólo vio en una ocasión a Juan Lanzas, el cual era un "colaborador"de su progenitor.

Durante su comparecencia, que ha derivado en un "tenso enfrentamiento"con la juez Alaya, el imputado ha criticado con dureza al exabogado de la familia, han explicado las mismas fuentes consultadas.