La Junta prepara una orden para regular e impulsar las subastas de liquidez

La mejora económica es un hecho y aunque aún existe un largo camino para recuperar los niveles anteriores al estallido de la crisis, los ingresos de la Junta mejoran. Un ejemplo de ello es que la Consejería de Hacienda y Administración Pública tiene en proceso de elaboración una norma para regular las subastas de liquidez, un mecanismo que ya ha utilizado en años anteriores y que provocó una trifulca política en 2008.

En concreto, el departamento que dirige María Jesús Montero trabaja en un proyecto de orden para regular los procedimientos de liquidez de la tesorería general de la Junta. Este camino no es nuevo. En marzo de 2017, el Gobierno andaluz ya aprobó un decreto para regular la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. El cambio normativo era obligado por las modificaciones legales aprobadas en el contexto de la crisis económica y con él se pretendía «reforzar su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

La exposición de motivos del mencionado decreto apuntaba «la necesidad de racionalizar y modernizar la gestión de la Tesorería, estableciendo un sistema de organización y funcionamiento más homogéneo en el ámbito de la Hacienda Pública, que va a permitir que las funciones básicas de centralización de la recaudación material y pago de sus obligaciones, se desarrollen desde estructuras horizontales que eviten la dispersión de los recursos monetarios que impacta de forma negativa en la eficacia de su gestión».

Una vez apuntalada esa vía, la Junta prepara una orden, consultada por este periódico, para «regular la realización de operaciones de depósito a plazo o colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades financieras (...) con el fin de poder contar con instrumentos para rentabilizar recursos que puedan encontrarse temporalmente inmovilizados en las entidades de crédito como consecuencia de la programación temporal de los pagos de la tesorería general».

En la práctica, supone retomar «subastas a las que podrán concurrir las entidades de crédito que tengan la condición de colaboradores de la gestión recaudatoria de la comunidad autónoma».

Este punto fue el que originó una polémica política hace años: que la Junta, con deuda y dificultades de pago, colocara su liquidez en lugar de destinarla a impulsar la economía.

Según los datos publicados por la consejería de Hacienda y Administración Pública relativos a la evolución y estructura del endeudamiento de la Junta de Andalucía, la administración cerró el ejercicio 2016 con una deuda total de 31.902,9 millones de euros, de los que 910 correspondían a deuda de tesorería. Esta cifra ha descendido en los últimos años, ya que en 2012 era de 1.376 millones.

El texto en elaboración señala que «el volumen de fondos ofertado en cada subasta será determinado por la Dirección General que fijará igualmente el tipo de interés mínimo de la subasta derivado del medio ponderado que resulte de los tipos de remuneración fijados en las cuentas licitadas para la gestión de los pagos». Igualmente apunta que « al vencimiento de la operación activa, tanto los fondos como lo intereses generados deberán ser retornados en transferencias diferenciadas a la cuenta» que determine la Junta.

Los precedentes

En 2008 era habitual que el Parlamento de Andalucía debatiera sobre las subastas de liquidez que impulsaba la Junta desde 2004. La recaudación ya comenzaba entonces a reducirse producto de la crisis y el Partido Popular reprochaba al Gobierno de Chaves y Griñán –era el consejero de Economía y Hacienda– que inmovilizara los recursos de tesorería en lugar de destinarlos a inversión productiva. El entonces presidente del PP-A, Javier Arenas, calificaba a Chaves de «subastero» y censuraba que mientras la Junta debía 5.300 millones de euros, mantuviera 6.000 millones de liquidez en los bancos. Los populares llevaron varias iniciativas a la Cámara para regular este mecanismo y el diputado Salvador Fuentes argumentaba, según recoge el Diario de Sesiones, que había que «acabar con subastas desproporcionadas para orientarlas hacia una mayor inversión» ya que «los andaluces no entienden que se sigan celebrando subastas de dinero público en nuestra tierra (...) y se recurra al endeudamiento, en el próximo presupuesto o cuando no se aceleren las inversiones o no se pague a proveedores. La urgencia requiere inyectar liquidez al sistema y no tener el dinero en los bancos, porque los andaluces no votan a un banquero».