La Junta propone trabajos comunitarios para quien no pueda pagar el alquiler

Primero fue el anuncio del pago de la luz y el agua a las personas que estaban cobrando el salario social –una medida que fue desmentida rápidamente por el PSOE– y ahora la posibilidad de que los inquilinos que no pueden pagar el alquiler social realicen trabajos comunitarios. IU continúa anunciando medidas sociales cuanto menos controvertidas. Ayer, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, dio a conocer esta modalidad de «alquiler compensado» para «deudores de buena fe», concretamente los que ocupan las 80.000 viviendas sociales de la Junta de Andalucía. Según las estimaciones de su departamento, se podrían beneficiar de la iniciativa un 10 por ciento de los inquilinos.

Esta modalidad ya se está desarrollando de manera experimental en las localidades de Pico Aneto, en Córdoba, y Los Palacios, en Sevilla. Precisamente, en este municipio se está viviendo una situación extrema, a cuenta del impago de las nóminas que está sufriendo la plantilla municipal. En concreto, el Ayuntamiento adeuda cuatro nóminas y media a unos trabajadores que continúan acudiendo a sus puestos diariamente y a los que la Junta, a diferencia de otros colectivos, no ofrece ningún tipo de ayuda o compensación.

La situación de estos empleados ha llegado al límite, por lo que ayer celebraron una asamblea para reclamar «soluciones» al alcalde, la Diputación Provincial y la Junta, dada la «debacle económica» que sufre el Ayuntamiento, con una deuda que sobrepasa los 73 millones de euros. Así, el colectivo recordó que la Administración autonómica «podría aliviar la situación postergando sus reclamaciones en cuanto al reintegro de las subvenciones cosechadas por el Consistorio y empleadas inadecuadamente o no justificadas», ya que «la preferencia debería ser el pago de las nóminas».

Durante su intervención en el «Forum Europa», Cortés no se refirió en ningún momento a los problemas que sufre la plantilla municipal palaciega, aunque sí defendió que el objetivo de la medida es que «ninguna de estas familias que ocupen viviendas públicas sea desahuciada porque no disponga de dinero tras contraer un exceso de deudas» y que con el trabajo comunitario su departamento pretende «dignificar lo público».

Su propuesta se incluye en el plan marco andaluz de rehabilitación de la vivienda, buscando también que las viviendas sociales «no entren en proceso de abandono». «Con este trabajo por el bien común nadie pierde y todos salen ganando, ya que la Junta consigue el mantenimiento del parque inmobiliario y los vecinos reparan las comunidades de vecinos», agregó Cortés.