La Junta recauda 4.379 euros por la tasa a los depósitos bancarios, una caída del 99,97%

Con su aprobación, el Gobierno andaluz aspiraba a obtener 132 millones anuales. El pasado ejercicio llegó a 26,8 millones

La crisis estaba en su punto álgido; los bancos, socialmente, se convirtieron en los «malos de la película» como «corresponsables» de la situación de quiebra y por su política de hipotecas, rescatados con dinero público, sin dar facilidades para el crédito y desahuciando a afectados por la burbuja inmobiliaria. En este escenario, la Junta de Andalucía, por entonces en coalición con Izquierda Unida, abogó por una tasa a la banca. Varios años después, el entonces muy «mediático» impuesto sobre los depósitos bancarios ha supuesto una recaudación en lo que va de año de 4.379 euros, por los 16.507.785 euros del pasado año a estas alturas, una caída del 99,97%. En abril, última dato publicado por la Consejería de Hacienda, se recaudaron 1.185 euros, por los 554.778 euros del mismo mes del pasado ejercicio, un descenso del 99,79%. En 2017, en total se recaudaron 26,8 millones, un 46,01% menos que en 2016 (49,6 millones, que supusieron un 17,56% más que en 2015). Apagados los focos, desaparecido el impuesto.

Cuando se aprobó en diciembre de 2010, la Junta de Andalucía aspiraba a recaudar 132 millones, lo que supondría una media de 11 millones mensuales, por lo que la recaudación actual apenas alcanza el 0,039% de lo anunciado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló este fin de semana que Economía y Hacienda, casualmente a cargo de la ex consejera andaluza María Jesús Montero, está «haciendo los números para un impuesto a la banca. Nosotros tenemos la intención política. Vamos a abrir el debate», dice Pedro Sánchez. En marzo de este año, ante el anuncio del secretario general del PSOE de crear un nuevo impuesto a las entidades financieras que recaude hasta 1.000 millones anuales destinados a reducir el déficit de la Seguridad Social, señaló que este tributo «no sería capaz de compensar la revalorización que demandan ciudadanos» y los partidos.

En Andalucía, el impuesto a la banca data de la época de Griñán y su objetivo, dijo, era que los bancos «presten a las empresas» y éstas puedan «crear riqueza». Los empresarios alertaron de la posible «deslocalización». En abril de 2001, Chaves ya descartó esta medida para gravar los depósitos de las 70 entidades de crédito con sede en Andalucía entre un 0,3 y un 0,5%. El impuesto a los depósitos bancarios fue creado en 2001 por el ex presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra y fue recurrido por el Gobierno de Aznar, quedando atascado una década en los tribunales. Finalmente a finales de 2012 el Constitucional falló a favor de Extremadura. Posteriormente, Andalucía (2010) y Canarias (2012) aprobaron una tasa similar a la extremeña antes del auto del alto tribunal. Para evitar una regulación dispar entre regiones, el Ministerio de Hacienda creó una tasa estatal sobre los depósitos de las entidades de crédito pero con el tipo de gravamen del 0% que, ante las alegaciones de Asturias, Comunidad Valenciana y Cataluña, pasó al 0,03%. La entonces consejera de Presidencia Susana Díaz dijo «no dar crédito» al anuncio del Ministerio de Hacienda y acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de «cogerle las vueltas al Tribunal Constitucional para, una vez más, seguir ayudando de manera descarada a los bancos antes que a los ciudadanos». Ya como presidenta, entre las primeras medidas de Susana Díaz estuvo la de reunirse con los máximos dirigentes de los principales bancos de España.

Para las entidades bancarias, el impuesto podía provocar el encarecimiento del crédito y la deslocalización del ahorro, según denunciaron.