Andalucía
La Junta rechaza la Proposición de Ley de atención temprana por «trasnochada»
El Gobierno andaluz se muestra contrario también a la iniciativa de Podemos contra los desahucios y la pobreza energética al considerarla «innecesaria» y la formación morada critica «la soberbia y el cinismo» del Ejecutivo de Susana Díaz
El Gobierno andaluz rechaza las proposiciones de ley de la atención temprana –cuya gestión unió a la oposición en Pleno para el pago de atrasos y de cuyos recortes en un millón en las ayudas informó este diario– por «trasnochada» y la iniciativa contra los desahucios y la pobreza energética al considerarla «innecesaria».
El Consejo de Gobierno, de antemano, rechazó ayer las proposiciones de ley elaboradas por Podemos para luchar contra los desahucios y la pobreza energética y para mejorar la atención temprana de posibles trastornos del desarrollo de niños de cero a seis años. Sí tiene el visto bueno la propuesta del PSOE para unos trasvases desde la demarcación hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir, presentada por el Grupo Socialista para su posterior tramitación en el Congreso. Para la Junta, la propuesta del PSOE es «prioritaria».
A días del 20D y con el proyecto de ley de Presupuesto aprobado, el Gobierno andaluz permite el debate «enriquecedor» en el Parlamento. El portavoz negó que exista un cambio de criterio y mostró la voluntad de la Junta en relación al veto de las propuestas que puedan suponer una modificación de los Presupuestos. Lo que hace la Junta es mostrar su criterio en contra del contenido, argumentando que ve «innecesarias» ambas leyes y que las normas que ya existen son suficientes. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, recordó que la Junta está elaborando un nuevo decreto para desarrollar la ley de atención temprana en Andalucía después de que la oposición en bloque le obligara a mejorarla y pagar sus deudas, mediante una Proposición No de Ley que sólo contó con el rechazo del PSOE.
El portavoz del Gobierno insistió ayer en la voluntad de diálogo pese al rechazo de la propuesta de Podemos de la atención temprana, por centrarse en la atención sanitaria y no en una política transversal de atención a los menores. «La Proposición de Ley de Podemos supone una marcha atrás, vuelve a los postulados de los 70, es trasnochada y sitúa a los menores en categoría de enfermos, nuestro punto de vista es mucho más amplio», dijo Vázquez. Respecto a la iniciativa contra los desahucios, la Junta aseguró que su lucha «es un prioridad para este Gobierno», tras lo que citó todas las leyes y planes puestos en marcha, entre ellos la Ley de Función Social de la Vivienda, recurrida por el Gobierno de Rajoy. El portavoz también indicó que la Proposición de Ley de Podemos afecta a competencias del Gobierno central, al imponer a las entidades financieras una mediación obligatoria.
Podemos Andalucía criticó que la presidenta de la Junta y su Gobierno demuestran «desconocer el drama de los desahucios en Andalucía y tergiversan las soluciones que Podemos pone sobre la mesa para denostarlas públicamente en un ejercicio de soberbia y cinismo mientras presumen de leyes fantasma que no se aplican».
Por su parte, la Plataforma de Atención Temprana acudió el lunes a la Fiscalía de Menores por una posible «conculcación» de derechos porque «no se está atendiendo a esos niños en todas sus necesidades».
El Pleno de Parlamento del 19 de noviembre se recuerda porque la «nueva oposición» –representada por la líder de Podemos, Teresa Rodríguez– y la presidenta de la Junta –Susana Díaz– rompieron a citar a Galeano en una propuesta «desde la ternura» y su réplica a cuenta de la exclusión social. En ese Pleno, los comunistas de IU –Antonio Maíllo, concretamente, en su defensa de la banca pública– citaron el Evangelio de Juan y, también, compararon a la Junta y su Presupuesto «con el Frenadol de la política andaluza». Pese a la apelación a «la ternura» de Teresa Rodríguez, Susana Díaz respondió recordando «la pinza». En respuesta a la acusación de la líder de Podemos sobre «la paralización de 42 enmiendas» en la Mesa del Parlamento, Díaz trató de sentar cátedra ante el nuevo grupo señalando que «el Gobierno no para, son los diputados de la Cámara. El Parlamento legisla y controla al Gobierno». Lección de separación de poderes sin sonrojo en el Parlamento. El Estatuto marca que el órgano legislador es la Cámara del antiguo Hospital de las Cinco Llagas.
En ocasiones anteriores esta legislatura, el Consejo de Gobierno mostró su criterio contrario a la toma en consideración (contenido) y también a la tramitación en el Parlamento, aunque la decisión final es del Parlamento, de proposiciones de ley de la oposición. Así ocurrió con una que versaba sólo sobre pobreza energética –calcada de la aprobada por unanimidad en Cataluña–, de Podemos; y la de modificación del impuesto de hidrocarburos y la de rebaja del tramo autonómico del IRPF del PP.
Con el PSOE en minoría en la Cámara –Ciudadanos es su socio tácito–, la Junta, desde que se constituyó el nuevo Ejecutivo por primera vez comenzó a pronunciarse también en contra de la tramitación de proposiciones de ley. Hasta ahora sólo manifestaba su rechazo al contenido, lo que no impide su debate. Posteriormente, la Mesa de la Cámara justificó para el veto que estas propuestas de la oposición también suponían modificaciones de los Presupuestos en vigor o próximos.
Esta interpretación originó en octubre una disputa en la Mesa del Parlamento, tras un empate en la votación que también obligó a endurecer las exigencias para estas iniciativas y a hablar de una reforma del reglamento a la que el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán –que también es secretario general del PSOE de Córdoba, algo insólito en la Cámara en lo que a separación de poderes se refiere– no propone con un Pleno tan fraccionado como el actual. Finalmente, las iniciativas «vetadas» se debatieron tras ir acompañadas de una «memoria económica razonada».
Nuevo recurso en camino, esta vez contra la reválida
La Junta estudia recurrir ante el Supremo el Real Decreto que regula la reválida de 6º de Educación Primaria por «graves defectos en su proceso de tramitación y consulta con las comunidades». La consejera de Educación habla de una normativa aprobada sin el informe de la Conferencia Sectorial y sin consenso. Los servicios jurídicos analizan la fórmula para la retirada o derogación. Con carácter previo, habrá un requerimiento formal al Ministerio.
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