La Junta reclama a un ente exonerado 334.000 euros

La mugre que diversos casos judiciales han destapado en torno al reparto de subvenciones por parte de la Junta ha cambiado las cosas. Prueba de ello es lo sucedido con una de las entidades incluida en el extenso listado al que el Gobierno andaluz exoneró en diciembre de 2012 de justificar en plazo las ayudas, antes de poder acogerse a otras, vía una resolución del ex consejero imputado Antonio Ávila, entonces presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Se trata de la cordobesa Asociación del Instituto de Desarrollo Sociosanitario Andaluz (Indesa), a la que el Ejecutivo autonómico reclama ahora 333.946,36 euros.

La historia de este desencuentro se remonta a diciembre de 2010, cuando el Gobierno regional concedió a esa entidad 545.707,50 euros para cubrir los costes de acciones formativas para el empleo. En febrero de 2011, el entonces director del SAE en Córdoba, Antonio Fernández Ramírez, detenido e imputado en marzo de 2015 por la jueza Mercedes Alaya en la «macrocausa» por el fraude en los cursos que entonces dirigía, hizo pública una relación de beneficiarios de ayudas en la que aparecía Indesa y se reflejaba justo esa cuantía.

Más de cinco años después, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 8 de enero contiene un anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, para dar publicidad al acuerdo de inicio de reintegro de parte de aquella subvención a dicha entidad, sin citarla. En el texto se mencionan hasta trece cursos diferentes que Indesa debió cubrir y se explica que tras abonarle el dinero, «el informe definitivo de Control Especial de Subvenciones de Formación para el Empleo, emitido por la Intervención Provincial con fecha 19 de junio de 2014», se considera «insuficiente» la justificación de los gastos por parte del ente, por lo que procede el reembolso. Según lo reflejado en el BOJA el órgano fiscalizador habría detectado «incidencias» que incluyen contratos «con empresas vinculadas sin autorización», gastos «no elegibles», como locales diferentes a los que en teoría se impartían los cursos, o costes directamente «no subvencionables», al no guardar relación con la actividad financiada con cargo a las arcas públicas.

Dadas esas circunstancias, y al amparo de la legalidad, el Gobierno andaluz ha acordado iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención concedida por un importe de 333.946,36 euros, es decir, el 61 por ciento de lo otorgado. Indesa dispone de un plazo de quince días para presentar alegaciones y aportar la documentación que considere para rebatir la decisión de la Junta.

Una causa de «especial complejidad»

La Fiscalía Anticorrupción quiere que la investigación sobre las irregularidades detectadas en los cursos de formación financiados por la Junta siga el mismo camino que otras causas como la de Invercaria. Por eso, en un escrito fechado el 9 de diciembre al que ha tenido acceso LA RAZÓN, ha solicitado a quien instruye esas diligencias en el juzgado número 6 de Sevilla, su titular María Núñez Bolaños, que declare de «especial complejidad» el proceso, puesto que éste «presenta todos los requisitos» para ello. De esta forma, la jueza dispondría de 18 meses para finalizar la instrucción de una «macrocausa» que ha dividido de momento en nueve piezas, según marca la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de investigación para las causas consideradas sencillas y para las que se entienden complejas. Para la Fiscalía, el caso implica, entre otras cuestiones, «una labor revisora y de análisis especialmente complejo».