La Junta recurrió a personal de Faffe y de empresas en la gestión de ayudas

La falta de medios humanos, de cualificación en el personal y de medios materiales para la gestión de las subvenciones de los cursos de formación es un tema recurrente entre todos los comparecientes, ya sean interventores o funcionarios adscritos alServicio Andaluz de Empleo (SAE). Lo que ayer se puso de manifiesto es que la Junta trataba de paliar estas carencias con la contratación de empresas externas para que colaboraran con los funcionarios y con el envío puntual de personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ente público adscrito a la propia Consejería de Empleo y que está siendo investigado por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en una de las piezas separadas abiertas por la jueza María Núñez.

No se trata de una cuestión menor, toda vez que en ambos casos se trata de personal no funcionario que convivió durante años con expedientes de subvenciones, potestad administrativa reservada a éstos. Tanto el jefe de servicio del SAE en Cádiz como su homólogo en Granada limitaron la participación del personal temporal a tareas rutinarias ya que la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero advirtió de que se pudo haber cometido usurpación de funciones públicas. Por su parte, el diputado de Podemos Juan Moreno Yagüe habló incluso de una posible «cesión ilegal de trabajadores» por parte de Faffe.

El jefe de servicio del SAE en Cádiz detalló que a finales del 2008 se reforzó su departamento con la Consultora Ámbito –ése era el nombre que recordaba–, que aportó un auditor experto, una jurídica y personal con experiencia laboral en temas sociolaborales que «ayudaban» con las tareas de revisión de las labores justificativas. Durante un tiempo, cuando la Faffe fue extinguida por la Junta y su personal se integró en el SAE también se trabajó «en equipo», circunstancia que fue «cortada de raíz» cuando hubo las primeras denuncias. Como jefe de servicio sí dijo que en cualquier caso «nosotros queríamos funcionarios».

En el caso de Granada, el jefe de servicio de Formación aludió a que periódicamente les enviaban «personal de la Faffe con contratos temporales y asistencias técnicas». Explicó que eran «muy bienvenidos» y que «colaboraban en la gestión económica y en la emisión de diplomas».

En ambos casos, los funcionarios responsables del servicio defendieron que su gestión se ajustó a la legalidad y que se limitaron a cumplir la normativa en vigor. En el caso del jefe de Cádiz, Antonio Juan Vidal Agarrado, destacó que el sistema de auditorías «no le daba mucha tranquilidad» –la comprobación se limitaba a la cuenta justificativa visada por un auditor y no se remitían las facturas– pero que así figuraba en la ley.

Por su parte, Magin Bolívar Medina, jefe en Granada, comentó que los expedientes estaban completos y que la ausencia de documentos denunciada –en general por los interventores– ha podido deberse a la remisión posterior.