La Junta se paga 65.000 euros a sí misma para que sus letrados cubran a una agencia

Presidencia firma un acuerdo con el ente de la energía para que ésta tenga la misma asistencia que el Gobierno regional

Ambas son parte de la Administración autonómica pero la Agencia Andaluza de la Energía ingresará en una cuenta abierta a nombre de la Dirección General de Tesorería del Gobierno regional 65.000 euros anuales para garantizar su defensa legal. Lo hará gracias a un convenio rubricado el pasado 30 de mayo entre el consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, y el director gerente de la mencionada agencia y ex consejero, Aquilino Alonso Miranda, al amparo del articulado de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA).

El pacto tendrá una duración de dos años, a contar desde su firma pero prorrogables por dos ejercicios más si las partes lo estiman oportuno y lo comunican con una antelación de dos meses, y permitirá que los letrados del Gobierno andaluz cubran las espaldas legales del ente, de sus directivos y de sus empleados. En el acuerdo, localizado por LA RAZÓN en la página web que alimenta la propia Junta, se confirma que la entidad de la energía, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, está interesada en que el gabinete jurídico del Ejecutivo autonómico le asista «con la misma extensión y en los mismos términos» en los que lo hace al Gobierno regional. El servicio que busca comprenderá «tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órganos jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica de la Administración de la Junta», se insiste en el documento de cinco páginas consultado por este periódico.

Entre el objeto del acuerdo, definido en las cláusulas del mismo se incluye que los abogados prestarán asistencia jurídica procesal a «las personas integrantes del Consejo Rector de la agencia y a su personal empleado» en idénticos casos y condiciones que «rigen paras las autoridades y personal al servicio de la Administración» autonómica en general. La actuación de aquéllos se extenderá, asimismo, a «los asuntos sectoriales que pueda requerir» el ente instrumental «dentro de su ámbito de actuación», además de «la asistencia a los órganos colegiados de la entidad desempeñando las funciones inherentes a la Secretaría de los mismos» y las que «les corresponden en las mesas de contratación». En relación al auxilio consultivo, se especifica que la agencia deberá realizar la petición de éste «normalmente» por escrito cuando quiera tirar de los letrados de la Junta y deberá acompañarla de «los antecedentes necesarios». «Las consultas verbales», se precisa en el texto, «se ratificarán a la mayor brevedad, al menos mediante correo electrónico» dirigido al abogado de enlace que se nombre. Se prevé incluso la creación de una comisión de seguimiento que supervise el «correcto» desarrollo de la alianza y que tendrá entre sus tareas la vigilancia de «los asuntos» que se hayan encargado al gabinete jurídico e incluso de «los pagos correspondientes a la financiación» del convenio.

La Junta endosó a la agencia de la energía, que no cuenta con ningún funcionario, la gestión de subvenciones como las del Programa de Incentivos al Desarrollo Energético Sostenible. Dado el historial judicial ligado a ayudas del Gobierno andaluz, tener defensa puede ser tranquilizador.