La Junta señala 93 barrios desfavorecidos fruto del «fracaso» de las políticas sociales

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de riesgo de pobreza de Andalucía alcanzó en 2016 el 35,4 por ciento, superando en 13,1 puntos la media española. Unos datos que están llevando a la reflexión a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, embarcada en un ambicioso proyecto, denominado «Estrategia regional de intervención en las zonas desfavorecidas de Andalucía», que pretende poner el dedo en una llaga que lleva demasiados años, e incluso décadas, sangrando. La iniciativa cuenta con una inversión de 169 millones de euros hasta 2022 –37,2 millones este año– para facilitar la inserción socio-laboral de casi 870.000 personas necesitadas, a través de planes locales de intervención.

Pero antes de plantear las medidas, la Junta hace un demoledor análisis de la situación social de la región, a la cola en términos de empleo –el principal lastre– y renta media de los hogares. En este sentido, según el borrador de la estrategia, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, señala 93 barrios que merecen una actuación preferente, dado que «presentan un mayor riesgo de padecer problemas graves de pobreza o exclusión». Incluye, en Almería, los barrios de La Chanca-Pescadería, El Puche y Fuentecica-Quemadero, junto a El Barranquete (Níjar) o La Gangosa (Vícar). En Cádiz destacan la barriada de Loreto, los distritos Sur y Oeste de Jerez y los barrios Alto y Bajo de Sanlúcar de Barrameda. En Córdoba se señalan el distrito Sur y la barriada de Las Palmeras, junto a la barriada del V Centenario de Palma del Río o la del poeta Juan Rejano de Puente Genil. En Granada se incluyen, entre otros, Santa Adela y el distrito Norte, junto a San Antonio (Motril), Alcazaba (Loja) y Santa Ana (Fuente Vaqueros). En Huelva capital destacan Marismas del Odiel, El Torrejón, Pérez Cubillas y La Orden, junto a la barriada del Rocío (Isla Cristina) o La Garza (Nerva). En Jaén figuran los barrios de San Vicente de Paúl, Antonio Díaz y La Magdalena y en Málaga Palma-Palmilla, Campanillas o La Corta, entre otros. En Sevilla se pone la lupa en los barrios más pobres de España, según el INE: Tres Barrios-Amate y Polígono Sur, junto al Polígono Norte y Padre Pío-Palmete, entre otras zonas de la capital y la provincia.

En todos estos enclaves «no se han obtenido resultados suficientemente satisfactorios mediante el incremento de esfuerzos en políticas sociales de educación, salud y otras», subraya el documento, admitiendo el «fracaso» de estas acciones. El análisis de la situación lleva a concluir que el mapa de la pobreza en Andalucía «es extenso y afecta a un importante número de zonas del ámbito urbano y rural». De hecho, los problemas vinculados a la exclusión «se han agravado con la crisis», por lo que la capacidad de intervención en estos barrios «no se corresponde con la magnitud y dificultad de la problemática a la que se enfrentan». Incluso se detectan «barreras físicas» y «tendencias segregacionistas» que derivan en «procesos de exclusión institucional y social y deterioro del capital social».

A pesar de que en muchas de estas zonas se han aplicado acciones de diversa índole, éstas «no han tenido una coordinación efectiva». De hecho, las personas que trabajan en estos ámbitos «sufren el desánimo y la impotencia derivada de esta situación estructural, que es difícilmente reversible mediante la motivación y el sobreesfuerzo personal». El documento va más allá al reconocer que en estos barrios la convivencia se mantiene dentro de unos márgenes «tolerables» gracias a la «extraordinaria labor que están haciendo las personas que trabajan en los servicios públicos y en las entidades sin ánimo de lucro», junto al apoyo del voluntariado.

Los barrios señalados se localizan en 62 municipios de la comunidad autónoma y en ellos reside el 10,37 por ciento de la población andaluza. La provincia que alcanza una mayor población residente en estos núcleos desfavorecidos, en términos absolutos, es Cádiz, con 181.025 personas (20,81 por ciento), seguida de Sevilla con 140.675 personas (16,17 por ciento) y Almería con 124.060 personas (14,26 por ciento). La provincia que cuenta con un menor número de población es Córdoba, con 55.265 personas (6,35 por ciento).

El borrador pone el acento, asimismo, en la «criticidad» de los indicadores relacionados con el empleo, en especial la tasa de paro, «que es diez puntos por encima de la media española». También en el paro de larga duración, «uno de los factores más directamente relacionado con la exclusión social», y en la «precarización» del empleo en los jóvenes y mujeres. Los indicadores educativos muestran «algunos registros negativos», lo que influye también en el empleo.