«La Justicia de menores no tiende a cumplir las penas, es muy flexible»

Los progenitores no suelen pedir ayuda hasta que la situación es insostenible
Los progenitores no suelen pedir ayuda hasta que la situación es insostenible

Cada día se denuncia un caso de maltrato de adolescentes a sus padres. La Fiscalía de Sevilla alerta del incremento y avisa de que hay que «recuperar ese capital humano».

sevilla- Niña, 14 años, reincidente. Protagoniza episodios violentos contra sus padres que empezaron hace dos años y medio. «Hija de puta, te voy a matar... ¡y te mato!» fueron algunas de las palabras que «dedicó» a su madre, mientras se dirigía a ella con «grandes aspavientos», amenazando con pegarle. Es el expediente que está encima de la mesa, ha llegado esa misma mañana, pero los infractores habituales oscilan en edad, sexo y características socioculturales. Lo que no cambia es el trasfondo, se han vuelto un peligro para sus progenitores. Porque prácticamente ninguno de los casos que llegan hasta la Fiscalía de Menores de Sevilla lo hace cuando se produce el primer «conflicto».

«Lamentablemente a nosotros nos llega cuando la espiral de violencia se hace insoportable y es extensiva a los demás miembros de la familia, como los hermanos». Isabel Vázquez es una de las dos fiscales de menores encargadas de casos de maltrato intrafamiliar. Así se denomina cuando son los hijos quienes agreden a sus padres, y no hay día que su departamento no atienda alguno de estos casos, que constituyen el 5% de los delitos cometidos por menores sevillanos.

«Es absolutamente extraordinario que ante el primer hecho denuncien, a no ser que atente directamente contra su vida», admite y traza una línea ascendente en esa «espiral». De los insultos, a romper muebles; después, amenazas verbales con agresiones leves, como empujones; finalmente, la agresión pura y dura. Vázquez coincide con su compañera, Teresa Vidal, en que «cuando todo eso es a diario, entonces acuden a nosotros, casi como última vía, pero es muy duro porque implica asumir que has fallado» en la labor de padre.

Aunque no siempre las víctimas, en este caso los adultos, lo aceptan. No cifran el porcentaje, pero a veces son los vecinos o personas cercanas quienes alertan a las autoridades. No obstante, aseguran que el incremento se debe a que cada vez «se denuncia más y también ocurren más casos». En la causa también vuelven a coincidir: la educación. «No hay que pegar ni recurrir al 'porque yo lo digo' pero hay que establecer unos límites infranqueables».

Una vez que llega a manos de la Fiscalía, la actuación es «inmediata». «Se le da un especial tratamiento por múltiples circunstancias. Sobre la marcha se incoan las diligencias preliminares y se examina porque tenemos que ver si la situación de violencia requiere adoptar una medida ya», explica Vázquez. En el menor tiempo posible se atiende a los padres: deben detallar los hechos y contextualizarlos en la medida de lo posible. Después, se entrevista al menor, que «acude detenido o con otro familiar». Y se pone en marcha la maquinaria judicial.

«Se intenta, siempre que no sean hechos muy graves, que no salga de su núcleo familiar». Ahí radica la principal diferencia con la Justicia «de adultos». «El menor tiene que seguir bajo la custodia de sus padres y hay que articular medios que permitan reeducarlo bajo su patria potestad», señala Vázquez. Las opciones son el internamiento o los pisos de convivencia, donde «actuamos un poco como sus padres». Porque ante todo, defiende, se trata de recuperarlos para la sociedad. «Entre los 14 y los 18 años entendemos que todavía es posible que vuelva integrarse cumpliendo con las normas. No sólo con las penales, sino con las básicas de educación y respeto».

«Un hecho delictivo cometido por un mayor de edad, se condena con una pena. En menores, no; se protege a la víctima pero sobre todo se busca la reeducación. La jurisdicción de menores no tiende a la venganza, al cumplimiento de la pena». Hasta el lenguaje es diferente: infractor, no delincuente ya que sus «delitos» se catalogan como «infracciones».

Ni siquiera es la misma entre menores. «No estamos obligadas a imponer una determinada pena por un determinado delito. Puedo hacer una amonestación o el internamiento. La medida adecuada en cada caso es la que permita que el menor sepa por qué lo ha hecho y que no vuelva a repetirlo». Para Isabel Vázquez, esa flexibilidad está justificada en base a que «es un capital humano por el que tenemos que velar».

Reconoce que precisamente esa falta decoherencia choca a quienes lo visualizan desde fuera. Esa «flexibilidad» llega al extremo de que «un menor que esté cumpliendo una medida de internamiento, si tiene una evolución positiva, podemos dejarla sin efecto –la condena– o sustituirla por otra, o por la libertad. Y viceversa». «Siempre que no sean delitos graves con pena de prisión», puntualiza.

También ocurre que precisamente las víctimas, es decir, los progenitores, sean quienes se retracten. Un ejemplo flagrante fue el de una chica que tras cinco juicios y cinco sentencias condenatorias, sus padres rogaban al juez que no las cumpliera. Y aquí también coinciden las dos fiscales: «Eso sí que no puede ser, eso es trabajo baldío».