Andalucía

La Ley de Agricultura supera el trámite del Consejo Consultivo y podrá ver la luz seis años después

La norma, prometida por Griñán, fue una de las prioridades fijadas por Cs en el pacto de investidura de Díaz

El actual consejero del ramo es Rodrigo Sánchez Haro
El actual consejero del ramo es Rodrigo Sánchez Harolarazon

El anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería cuenta desde el lunes con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, el último trámite que ha de pasar la norma antes de su definitiva aprobación parlamentaria. De esta forma, aunque con enorme retraso, el Gobierno de Susana Díaz cumpliría una de las prioridades por Ciudadanos de su pacto por la «estabilidad» en la comunidad.

Susana Díaz se comprometió a finales de mayo de 2017 con el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, en una reunión que mantuvieron ambos en el Palacio de San Telmo a impulsar las medidas contenidas en el pacto de investidura. El pasado mes de junio, Cs arrancó el acuerdo de poner una fecha límite para la aprobación tanto de la Ley de Agricultura como la de Formación Profesional: septiembre de 2017. La formación naranja fijó estas dos prioridades por entender que son dos leyes íntimamente ligadas a la activación económica y a la regeneración del tejido productivo.

Ocho meses después, y una vez asumidas las «observaciones» del Consejo Consultivo, una ley prometida por el ex presidente Griñán en 2012, y cuya redacción arrancó en septiembre de 2016, está a punto de ser una realidad. Seis años y cinco borradores después.

Cs ha mostrado en diferentes ocasiones su malestar por esta falta de agilidad. La Ley se propone «la búsqueda y generación de yacimientos de empleo local a través de la modernización y reestructuración del propio sector agroalimentario, así como de la diversificación económica que propicia un enfoque integral al interrelacionarse con otros sectores y agentes económicos, ambientales y sociales del medio rural».

Entre las observaciones del dictamen del Consultivo se incluyen recomendaciones en el lenguaje para evitar que el articulado pueda contravenir el ordenamiento jurídico y pide que se atiendan una serie de «objeciones de técnica legislativa», entre las que destaca «una mayor concreción, precisión y eficacia prescriptiva»; además, incluye una observación general sobre la «lex repetita».