La Ley de Formación de la Junta, al cajón

Tras cuatro años sin convocatorias de cursos, Empleo admite que se limitará a adaptar la antigua normativa de 2009 a la nueva Ley estatal que regula el sistema. El anteproyecto, aprobado en 2014, queda desfasado

En pleno escándalo por la investigación judicial de la gestión de los cursos de formación, la Junta de Andalucía puso en marcha durante el verano de 2014 la aprobación de una ley destinada a corregir un procedimiento que daba lugar a un auténtico descontrol de los fondos públicos. «Grosso modo» el anteproyecto, aprobado en agosto de dicho año y del que poco más se supo, incluía como novedades el principio de no exoneración (sin justificación previa no se podría optar a nuevas subvenciones), la obligación de otorgar las ayudas por concurrencia competitiva y fijar un tope de cuatro millones de euros por solicitante. Hoy, por increíble que parezca, cuando se han cubierto cuatro años sin realizar convocatorias de cursos para desempleados en una comunidad con una tasa de paro superior en diez puntos a la media nacional y se ha dejado de invertir en esta parcela más de 800 millones, el Gobierno andaluz admite por sus hechos que su nuevo Sistema de Formación y Cualificación Profesional ha quedado desfasado antes de ver la luz y se limita a adaptar la antigua normativa de 2009 a la nueva Ley estatal 30/2015 que vio la luz el 9 de septiembre pasado. Fue por tanto una pura operación estética en un momento delicado.

La Junta, que siempre ha defendido que la gestión del sistema de formación ha generado dudas en ocho comunidades y no sólo en Andalucía, no atendió a las recomendaciones que le sugerían esperar a la aprobación del marco estatal. Y ahora simplemente obvia ese trabajo realizado y metido en un cajón. Basta con repasar la respuesta del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, a una pregunta escrita formulada por la parlamentaria popular María Teresa Ruiz-Sillero relativa a la «parálisis e inejecución de la formación para el empleo».

Maldonado hace referencia a una «profunda transformación iniciada en 2012» y, de forma muy singular, explica un procedimiento judicial que investiga un posible fraude de cientos de millones de euros reduciéndolo a «la modificación de criterios interpretativos del artículo 124 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo» y que ha dado paso a la revisión de 8.805 expedientes «con el objetivo último de garantizar la defensa de los fondos públicos destinados a la FPE y el reintegro, si fuese el caso, a las arcas públicas, de aquellos que no hayan sido destinados por terceros a los fines establecidos en la normativa, ello con todas las garantías necesarias, como es evidente, desde el punto de vista jurídico-administrativo». El dinero, reconocido por la Junta, que no ha sido justificado debidamente por las empresas beneficiarias asciende ya a 71,9 millones de euros, aunque hay pendientes aún otros 167,5 millones que están aún en fase de alegación.

El consejero, que en ningún momento hace referencia al anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno en 2014, incide en la modificación de la normativa estatal que regula la Formación Profesional para el Empleo. El Gobierno promulgó el Real Decreto-Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma del sistema y culminado posteriormente como Ley 30/2015, de 9 de septiembre. «Se están acometiendo los trabajos de índole jurídica para proceder a la adaptación de la normativa autonómica vigente a la referida normativa estatal, concretamente el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía así como la Orden de 23 de octubre de 2009», por la que se desarrolla el citado decreto y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos». Ni pío del anteproyecto aprobado previamente.

Meses después de desarrollar su propia ley y no avanzar en su aprobación definitiva, Maldonado hace hincapié en la «cooperación» ofrecida al Ministerio de Empleo, tanto en lo referente a los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo como en la adaptación de la normativa a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado en el marco de los Planes Anuales de Políticas Activas de Empleo.

Después de cuatro años de parálisis, la Junta insiste en que en el primer trimestre de 2016 se avaluará lo ejecutado, una vez concluyan las justificaciones (algo que inicialmente se fijó para finales de 2015) para eludir exoneraciones. Pero el nuevo sistema implantado por el Ministerio permite adelantar que Andalucía sufrirá una penalización pues hasta un 40% de las partidas se supeditan al cumplimiento de objetivos. Para el PP, la formación en Andalucía está parada «por corrupción» y mientras quienes lo sufren son los desempleados. Los populares entienden además que los cursos que se convoquen para 2016 no se cobrarán hasta 2017 y se pregunta con qué dinero se pondrá en marcha la formación.

Mientras tanto, en el Parlamento se avanza poco o nada en la comisión de investigación de los cursos. Juanma Moreno (PP) pedía ayer mismo a C’s que «presione» al Gobierno de Susana Díaz para no hacer un «ridículo colectivo».

La fiscalía entiende el «caso edu» de especial complejidad

La Fiscalía de Málaga solicita que se declare de especial complejidad el denominado «caso Edu», una causa que tiene 27 piezas separadas, una por cada empresa investigada por las subvenciones que recibieron en las convocatorias de noviembre y diciembre de 2010. Ya han declarado ante el juez unas 40 personas de las 60 que están siendo investigadas por las presuntas irregularidades en los cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo. Esta petición de la Fiscalía se realiza a raíz de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija los plazos de instrucción en seis meses en las causas sencillas y en dieciocho meses para las complejas. En Almería, por su parte, la Fiscalía solicita que se declaren igualmente complejas dos de los dieciséis procedimientos abiertos en los juzgados de la capital (Hostelería y Formación Indalo SL y Centro de Formación Indalo SL) y el archivo de una tercera (Infocentro SL).