La «lista de espera» en Medio Ambiente: 6.570 millones de inversión perdida

El impacto de los 4.367 expedientes sin resolver con una media de cuatro años es de 92.000 puestos de trabajo. La Junta espera que la agilización de los permisos de calidad ambiental genere unos 23.000 empleos

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo

El impacto de los 4.367 expedientes sin resolver con una media de cuatro años es de 92.000 puestos de trabajo. La Junta espera que la agilización de los permisos de calidad ambiental genere unos 23.000 empleos

La Consejería de Medio Ambiente, ahora Desarrollo Sostenible, contaba con su propia «lista de espera». Más de 6.500 millones de inversión privada (perdida) por incapacidad, apatía», resumió el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. En total, «hasta a 4.367 expedientes sin resolver». Un «colapso por dejadez» que supuso «un freno a la inversión». «En los últimos años los empresarios querían invertir, la suma es de más de 6.500 millones», la estimación «a la baja» de los 4.367 expedientes sin atender. «Vamos a analizar uno a uno para recuperar las inversiones», indicó Bendodo. La consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, criticó la «

parálisis» medioambiental. La media de demora de los expedientes era de cuatro años, pero en algunos casos se llegaba a una década. La Junta denunció la «apatía, dejadez e incapacidad» del anterior Gobierno del PSOE-A, que llegó a acumular hasta 4.367 expedientes sin resolver únicamente en Medio Ambiente, algunos con más de diez años de antigüedad. La prioridad del «Gobierno del cambio» es «recuperar» esas inversiones y que «se queden en Andalucía» los promotores «que aún no se hayan ido».

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha presentado un informe ante el Consejo de Gobierno en el que se pone de manifiesto que el colapso administrativo en la tramitación de los 4.367 expedientes de calidad ambiental pendientes ha podido frenar inversiones por un montante de 6.500 millones, incluidos 2.800 millones relativos a energías renovables. La tramitación de estos expedientes ha llegado en ocasiones a cuadruplicar los plazos legalmente establecidos. Esta parálisis también se traduce en la pérdida de unos 92.000 empleos potenciales, que representan más del 11% de la población desempleada en Andalucía. La Consejería considera que, sólo agilizando la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50% de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo.

La Junta ha acordado modificar la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad, para simplificar la tramitación de los expedientes y aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación. A ello seguirán otras modificaciones legislativas en la misma línea, que, no obstante, mantendrán siempre todos los requisitos de protección al medio ambiente. Por otro lado, la Consejería va a incrementar en 65 trabajadores el personal destinado a resolver los expedientes, tanto en los servicios generales como en las delegaciones territoriales. Esta ampliación se llevará a cabo con personal procedente de otros departamentos de la administración. El informe elaborado por la Consejería concluye que, en la actualidad, hay 4.367 expedientes pendientes de resolver. De ellos, 1.763 corresponden al departamento de Gestión del Litoral, 391 al de Calidad del Aire, 370 al de Residuos y 1.843 al de Prevención y Control Ambiental. En este último ámbito se encuentra, entre otros trámites, la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de 10 meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años. O la Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se ha tardado 20 meses, de media, en hacerlo. En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, el informe explica que los plazos se cuadruplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente. Por provincias, Málaga, con 1.207 expedientes pendientes, acapara cerca del 30% del total y casi 25.400 empleos; Sevilla, con 735 expedientes y más de 15.450 empleos, tiene el 16,8%. Le siguen Almería, con 536 trámites pendientes y más de 11.300 puestos de trabajo (12,3%); Jaén, con 490 expedientes y 10.300 empleos (11,2%); Granada, con 405 trámites y casi 8.560 puestos de trabajo (9,3%); Cádiz, con 310 expedientes y rozando los 6.450 empleos (7%); Córdoba, con 275 trámites y casi 5.800 empleos (6,3%) y Huelva, con 197 expedientes pendientes y cerca de 4.150 puestos de trabajo (4,5%).

El departamento de la Gestión del Litoral contempla las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, donde se incluyen 648 expedientes de chiringuitos. Estas licencias serán objeto de un Plan Específico. En una primera estimación aplicada al caso de almazaras, por ejemplo, el 80% de éstas vería reducidos los plazos de tramitación al requerírsele sólo una calificación ambiental, en lugar de una autorización ambiental unificada.

Casi 300.000 euros y un solar de los entes instrumentales sin actividad

La Junta cree que el proceso de extinción o disolución de entidades instrumentales que están “sin actividad alguna desde hace varios ejercicios” puede conllevar que revierta a la Administración autonómica un total de 276.000 euros, además de un solar valorado en 2,4 millones. En concreto, se recuperarían en cuentas y depósitos bancarios un total de 223.000 euros de la Agregación de Fundaciones de Sevilla, y 53.000 de la fundación Hospital San Rafael, mientras que el solar corresponde a la fundación Juan Nepomuceno Rojas El Consejo de Gobierno ha encargado al grupo de trabajo de evaluación de las entidades instrumentales sendos informes de seguimiento sobre los procedimientos de extinción ya iniciados, así como de aquellos que se encuentren en situación de inactividad, con objeto de proponer a las consejerías de adscripción las actuaciones necesarias para su disolución. El grupo analizará las entidades instrumentales que se encuentran actualmente en liquidación o en fase de disolución o extinción. Entre otras, el Consorcio Guadalquivir; la Agencia andaluza de evaluación educativa; la Fundación

Mediara; el Consorcio Centro de formación en comunicaciones y tecnologías de la información de Málaga (CFCTI); o el Consorcio Centro andaluz de formación medioambiental para el desarrollo sostenible.

Más asuntos del Consejo de Gobierno

La nueva ley de urbanismo reforzará la autonomía de los ayuntamientos, sustituyendo a la Loua de 2002. De paso, se acometerá una nueva regularización de viviendas ilegales.

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El plan andaluz de caza se tramitará como decreto en el primer trimestre del año 2020.

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