La oficina anticorrupción de la Junta que nunca llega

Anunciada hace tres años y postergada por última vez hasta el primer trimestre de 2018, aún no está lista

Nació con impulso electoral. El PSOE andaluz incluyó en el programa con el que buscaba no soltar el poder en los comicios autonómicos que se celebraron el 22 de marzo de 2015 un antídoto contra la corrupción: la creación de una oficina de prevención del fraude destinada a que, quien pretendiera «acercarse a lo público para aprovecharse de lo que es de todos», se lo pensara, en palabras de su candidata entonces y la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz. Hizo aquella promesa al calor de la denominada «Operación Edu» en la que se ha investigado el presunto fraude en cursos de formación subvencionados por el Gobierno autonómico. De acuerdo a ese primer dibujo, se trataba de poner en marcha un órgano que actuara «con independencia» y que, sin colisionar con las unidades antifraudes que puedan coexistir ligadas a otras administraciones, ostentara «plenas facultades de investigación e inspección, dentro del pleno respeto a los derechos de la ciudadanía», según se esbozó.

Los socialistas ganaron las elecciones de 2015, aunque no lograron mayoría absoluta, y esa medida formó parte del listado de puntos del acuerdo PSOE/Ciudadanos (Cs) que permitió arrancar la legislatura. De hecho, en el discurso de investidura de Díaz, pronunciado el 4 de mayo de 2015, se oficializó la promesa de armar una «Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía» que germinaría con un objetivo: prevenir, detectar y denunciar malas prácticas. Dicho ente tendría legitimación para instar de forma autónoma la incoación de procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo, para exigir responsabilidades a funcionarios y autoridades, así como para denunciar ante la Fiscalía aquellas responsabilidades que pudieran ser constitutivas de delito.

Luego, el 16 de julio de aquel año la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se pronunció en términos similares en la Comisión parlamentaria en la que se tratan los asuntos cosidos a ese departamento.

Desde entonces la medida ha entrado en el día de la marmota normativo que desde la oposición se ha afeado al Ejecutivo regional. Tras barajarse varios plazos, se aseveró que la oficina antifraude estaría plenamente operativa desde el pasado enero, si bien, Montero retrasó su puesta en marcha, con una incompleta concreción, al primer trimestre de este año. En una entrevista con Ep, la consejera admitió que se había «ido un poco de plazo», demora que atribuyó a las alegaciones que se habían presentado contra el proyecto, y anunció que su director será «un funcionario de carrera», con «experiencia», que elegirá un tribunal constituido por representantes de tres organismos técnicos como la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), el gabinete jurídico del Gobierno autonómico y la Inspección de Servicios. Unas entidades que «tienen un papel muy activo en la defensa de los intereses generales» y las adecuadas para «detectar cuándo una materia se podía desviar de la norma», en palabras de Montero. Recordó que se había pedido audiencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que éste presentó alegaciones a última hora –esto ralentizó el proceso– y defendió que ello haría la oficina «más robusta». Esa frontera temporal se ha vuelto a sobrepasar y grupos parlamentarios de la oposición como son el de Podemos y el del PP «no tienen noticia» alguna del alumbramiento de la entidad anunciada hace más de tres años, según confirmaron ayer a LA RAZÓN fuentes de ambos.

Entre medias, el Consejo de Gobierno de la Junta plasmó por escrito su criterio «contrario» a que se tomara en consideración en la Cámara una proposición de ley de Podemos para armar un Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción agarrándose sus miembros, entre otras cuestiones, a que ya se trabajaba «en la elaboración de una normativa adecuada –un decreto–» que le diera forma «con un encuadre ajustado a los órganos ya existentes». En el acuerdo del ente de dirección del Ejecutivo andaluz, fechado el 5 de julio de 2016 y consultado por este periódico, se volcó una acusación. En él se asevera que el equipo de Díaz no podía compartir expresiones contenidas en la exposición de motivos del texto de Podemos del tipo: «En Andalucía, las prácticas corruptas se han ido extendiendo y afectando a un gran número de nuestras instituciones. Dicha afección ha aumentado exponencialmente las condenas a personas que han desempeñado algún cargo público, por algún delito relacionado con la corrupción cometido durante su ejercicio». Y se añadía seguido: «Aunque el caso andaluz no es más paradigmático que en otras comunidades autónomas, sí es más llamativa la escasez de iniciativas legislativas y políticas públicas destinadas a combatir estas prácticas». Unas frases que, para los socialistas «ensuciaban» el nombre de la región. ¿No lo ha hecho la corrupción?

Seguir el rastro a un decreto «en elaboración»

La diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero ha seguido de cerca la lenta evolución del embrión de oficina contra la corrupción. El 12 de julio de 2017 presentó alegaciones al proyecto de decreto que la creará y en septiembre formuló una pregunta oral en el Pleno de la Cámara a la consejera María Jesús Montero sobre el asunto. En el portal de transparencia de la Junta se puede comprobar que la iniciativa continúa «en elaboración».