La opacidad de Invercaria

La penúltima promesa de la Junta de Andalucía es que va a impulsar una ambiciosa Ley de Transparencia que detalle todas y cada una de las actividades de la Administración –incluidas las empresas públicas– y los ingresos de los altos cargos, entre otras cuestiones. Lo hará después de que la apruebe el Gobierno central para evitar «colisiones». La realidad es que el Ejecutivo andaluz destaca por su opacidad, sobre todo cuando se revisa el sector público empresarial, sometido a una legislación más flexible pero que se nutre de los recursos públicos del Presupuesto autonómico. Un ejemplo paradigmático lo constituye la sociedad de Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria). Más allá de los procedimientos judiciales en los que está envuelta y que se dirimirán en los tribunales, esta empresa ha gestionado importantes recursos públicos sin la transparencia necesaria, como se ha venido manifestando en los últimos meses. Invercaria ha estado fuera del control financiero permanente, un mecanismo que, con sus limitaciones, es sin duda más riguroso que la contratación de auditorías externas. Pese a depender de la Agencia IDEA, organismo a su vez adscrito a la Consejería de Innovación, Economía y Empleo, licita contratos con empresas externas en lugar de servirse de la tupida red de servicios de los que dispone la Administración andaluza. El último ejemplo de este tipo es la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir, entre otras cosas, la defensa jurídica de los administradores. Y eso que el consejero de Economía aseguró hace meses que se estaba planteando la desaparición de Invercaria. Todo sigue igual.