La oposición tumba el Decreto-Ley de Susana Díaz sobre «los enchufados»

Las caras en la bancada de Susana Díaz eran un poema. En este caso, hasta podría pasar por buena la analogía de Teresa Rodríguez entre Miguel Hernández y su compañero de partido «Unchained» en las protestas –entre lo Tarantino y lo Cañamero–. La profesión va por dentro. Una máxima que, por otro lado, también sirve de explicación a las labores de los ex Faffe, y similares, cuyas funciones, como era público y notorio, no saben explicar ni en la comisión de investigación sobre los fondos de formación. Otra vez toda la oposición en contra de Susana Díaz. Como en aquellos 80 días de (no) investidura. El PSOE no consiguió ni un solo apoyo a su Decreto-Ley –«decretazo de enchufados» definieron– en el Parlamento. Todos los grupos votaron que no. En puridad, C’s amagó con votar en contra y finalmente, con esa querencia del partido naranja en Andalucía a intentar evitar disgustos a su socia de investidura, se quedó en abstención. Ciudadanos quería pero no podía, ante la falta de consenso y la notoria imposición. Es la segunda vez que cae esta legislatura un Decreto-Ley de Susana Díaz. En septiembre tampoco salió adelante el remitido a la Cámara para reconocer a los funcionarios de la Administración regional los servicios previos como personal interino y así computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna.

El Pleno del Parlamento rechazó convalidar el Decreto-Ley 1/2016, de 15 de marzo, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @mprede+, y el Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+. La Disposición Adicional Primera del Decreto-Ley acaparó gran parte de las críticas. La misma hace referencia a la participación del personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la prestación de servicios y desarrollo de programas, lo que, para los sindicatos equivale a «burlar» los fallos que han impedido que «enchufados» desempeñen potestades públicas.

El consejero Sánchez Maldonado justificó la disposición, en base a lo aprobado en Consejo de Gobierno el 15 de marzo, en que la norma trata de facilitar el acceso de los ayuntamientos a los planes que recoge el texto, aunque tengan deudas con Hacienda o condenas por despido improcedente. Maldonado defendió que estos trabajadores –los «enchufados», según los sindicatos– «conocen los territorios y las características» para desempeñar la función y recordó que fueron «sancionados por despido nulo el año anterior a la convocatoria de las ayudas». El consejero aludió a «un servicio público de calidad» y la necesidad de «atender el volumen de personas desempleadas» (981.950, cifras del lunes) y «agilizar labores administrativas». Maldonado, al fin, habló de «dar respuesta a los más de 100.000 jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil» y «combatir los efectos de la crisis».

El diputado José Antonio Castro (IU) reprochó a la Junta las «deficiencias del Decreto-Ley», con «tantísimos errores que lo hacían inaplicable» Castro calificó como «una vergüenza» que haya pasado «año y medio para poder desarrollar planes de empleo que todavía están exclusivamente en los papeles». «El proyecto de ley eran un auténtico truño», señaló. Los «cambios», reconoció, son «necesarios», añadiendo: «¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se cargan el contenido?». Castró señaló «una puñalada trapera desde el punto de vista jurídico técnico». «Traen un chantaje: ayuntamientos y parados frente a laborales del SAE», denunció. «No es de recibo ese debate. Retiren el Decreto-Ley y tráiganlo sin Disposición Adicional Primera», finalizó.

El diputado Hernández White (C’s) criticó que el Gobierno «no ha contado con sindicatos» ni con el resto de partidos. Rechazó aprobar la disposición «con personal de una fundación disuelta, en los tribunales». «C’s no apoya la convalidación del decreto ley en las actuales condiciones», zanjó.

Romero Sánchez (Podemos) consideró «redundante un decreto que en marzo ya era urgente y todavía no se ha tomado ninguna medida» y acusó a la Junta de utilizar este instrumento «como ley escoba» para «alejar del control parlamentario la actividad legislativa». Podemos rehusó la «dinámica de volver a crear exoneraciones de manera general, lo único que produce es una puerta abierta al fraude», y exigió una «mejora de financiación» para los ayuntamientos.

El diputado Miguel Ángel Torrico (PP) acusó al consejero de «faltar al respeto a los 109 diputados». «Se acabó el mangonear. No vamos a permitir que encubran la entrada en la función pública de empleados de Faffe», indicó. «Eso es un zasca en toda la boca, que diría mi niño», añadió. «Pepín, tírale a ver si cuela», indicó como posible sugerencia a la iniciativa de meter en una proposición no de ley –aprobada el 25 de febrero con los votos del PSOE y C’s y que instaba a la Junta a eliminar requisitos de la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Hacienda Pública andaluza a los ayuntamientos– la posibilidad de que el personal laboral del SAE, en su mayoría procedentes de la extinta Faffe –fundación que está en los juzgados como pieza separada del fraude en la formación–, puedan ostentar las labores de los funcionarios. «La oposición pone en peligro el empleo de los laborales en el SAE y los planes de empleo para más de 30.000 andaluces», barruntó después el portavoz del PSOE Mario Jiménez.