La Policía investiga si Faasa acumuló «demasiadas subvenciones» públicas

El proceso judicial en el que se investiga la contratación del suministro de medios aéreos para el Plan Infoca de 2015 a 2018 por un importe superior a los 62,8 millones euros se encuentra en lo que la Unidad Adscrita a Juzgados, Tribunales y Fiscalía (UATF) de la Policía denomina su «fase 3». En ella se pretende dilucidar si la empresa Faasa Aviación ha sido beneficiada con subvenciones y créditos públicos «a fin de hacerla más competitiva ante los concursos y licitaciones» promovidos por la Administración autonómica. Y es que, a juicio de los investigadores, el volumen de fondos acumulado por esta sociedad podría ser excesivo.

Sus pesquisas partieron de lo que esperaban encontrar tras la denuncia de un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en un caso abierto por un presunto delito de prevaricación, para chocar con las «dificultades» que ha supuesto la desigual información aportada por distintos órganos de la Junta –como la Intervención General y la agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Empleo– a los que se les han reclamado judicialmente datos.

En un oficio, rubricado por el jefe de la unidad y consultado por LA RAZÓN, consta que IDEA les remitió siete expedientes, mientras una lista que les fue proporcionada por la Intervención incluía «otras 27» subvenciones «relacionadas con la formación y el empleo», con lo que sumarían 34. «A juicio de esta instrucción –se asevera sintéticamente en el informe– suponen demasiadas subvenciones destinadas a una misma empresa». Los agentes buscan conocer el número total de éstas, de incentivos y de ayudas que la entidad habría recibido en el período 2005-2015, sobre todo, después de que al comparar las discordantes cuantías aportadas por el Ejecutivo regional con las justificadas por la propia Faasa –un cotejo que, de momento, se ha hecho sólo a partir de 2012–, tampoco cuadren. Esto ha despertado sospechas en los agentes que ahora también quieren averiguar si «se ha podido venir cometiendo un ilícito penal contra la Hacienda Pública» durante años.

En ese escenario y para, entre otros puntos, «poder determinar exactamente» si la sociedad cordobesa «viene declarando las subvenciones recibidas desde todos y cada uno de los organismos de la Junta de Andalucía correctamente», teniendo en cuenta además que «la fecha de concesión» de una ayuda «en ocasiones no coincide» con la del ingreso de la cuantía, la Policía recurre para avanzar a la jueza, quien recoge el guante.

En una providencia, fechada el 7 de marzo, da vía libre a varias peticiones de la UATF y reclama al Gobierno regional «expedientes completos» vinculados al dinero adjudicado a Faasa para formación y empleo; a la empresa datos sobre los cursos que ha impartido desde 2005 hasta la actualidad; y a la Agencia Española de Administración Tributaria, que realice una serie de comprobaciones. Faasa niega haber «recibido algún trato de favor» por parte del Ejecutivo autonómico, desvincula su gestión de irregularidades y recuerda que «cuenta con 50 años de historia» y está implantada «en otros cuatro países», además de en España.

En paralelo al juzgado, el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) ha registrado un silencioso movimiento. En febrero de 2012 se publicó en él la Orden de 25 de enero de ese año por la que se delegaban competencias y se establecía la composición de las mesas de contratación. Según ella, la Presidencia de ese órgano en el caso de los Servicios Centrales de Medio Ambiente debía ser ocupada por el titular de la «jefatura del servicio de patrimonio y concesiones administrativas». Si bien, el pasado 17 de marzo el BOJA recogió otra Orden que introdujo un cambio: a partir de ahora, ese puesto lo ostentará el jefe de servicio que, en el organigrama de la Secretaría General Técnica de la consejería, sea «responsable de la materia de legislación y asesoramiento jurídico». En la práctica ello significa que quien presidió la mesa de la polémica, investigado –antes imputado– ya por un presunto delito de prevaricación y contra quien Ecologistas en Acción se querelló, A. M. L., ha sido apartado de esa Presidencia.