La Policía Local de Sevilla negociará un nuevo convenio con 80 vacantes

La Policía Local de Sevilla, al igual que otros colectivos municipales, encara un proceso de negociación con el Ayuntamiento, esta vez a cuenta de la elaboración de un nuevo convenio colectivo. El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) está a la espera de una primera reunión con la delegada de Hacienda, Asunción Fley, para comenzar a plantear las reivindicaciones del cuerpo en materia laboral y tomar el pulso al Consistorio, que en los últimos meses ha conseguido la paz social con los trabajadores municipales.

Los principales puntos sobre los que pivotarán las negociaciones son la confección de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), perfilar la oferta pública de empleo y la cobertura de vacantes. Precisamente, el sindicato espera que fructifique la cobertura de hasta 80 vacantes, una petición que quiere que aparezca de manera explícita en el documento.

La plantilla ha experimentado cambios sustanciales en los últimos meses y ha protagonizado sonoras protestas para reclamar mejoras laborales. El pasado mes de julio tomaron posesión 103 nuevos agentes, resultantes de las dos convocatorias de empleo público realizadas durante el actual mandato. Un total de 52 de estos nuevos policías se destinaron a los distritos, en función de un criterio poblacional y de las diferentes necesidades de cada barrio. De este modo, el 40 por ciento del total de la plantilla –415 agentes– componen la denominada policía de proximidad.

Una vez llevada a cabo esta incorporación, el Ayuntamiento publicó una convocatoria interna de provisión de puestos de trabajo que dio la oportunidad a la plantilla a ocupar diferentes funciones. En concreto, se ofrecieron 136 vacantes para 105 puestos de agentes de policía, 17 de oficial, cuatro de subinspector y ocho de inspectores.

Las últimas protestas que protagonizaron los agentes iban encaminadas a materializar la reclasificación de categorías profesionales, promovida en 2003. La plantilla llegó a un acuerdo el pasado mes de febrero, que consistía en el incremento de un complemento económico. De esta manera, los dos millones de euros necesarios para esta operación se detraen de la partida de 6,4 millones destinada a los planes de productividad del cuerpo. Los agentes se comprometieron a «racionalizar» las productividades asociadas a determinados servicios extraordinarios.