La rebaja fiscal de Díaz supondría un ahorro mensual de 16 euros a las familias beneficiadas

Bajar los impuestos a las rentas medias y bajas. Ésa fue una de las promesas «estrella» en materia fiscal que lanzó la presidenta en funciones, Susana Díaz, en su discurso de investidura. La candidata del PSOE no aportó excesivos detalles sobre una medida que supondría reducir entre 2 y 3,5 puntos la tarifa a las clases medias y bajas en Andalucía.

Para conocer su futuro impacto en la economía doméstica, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ha realizado para LA RAZÓN una estimación considerando rentas bajas las situadas hasta 17.707,20 euros y medias desde esa cifra hasta 30.000 euros. Con estos cálculos, Gestha estima que la Junta dejaría de ingresar 295 millones y se verían beneficiados 1.527.299 andaluces, tomando como referencia los datos fiscales de 2012, los últimos publicados por la Agencia Tributaria. De media, el ahorro a las familias por esta rebaja de impuestos sería de 16 euros al mes (193,24 al año). «Debido al importe total de las deducciones autonómicas, entendemos que la rebaja no implica pérdida significativa de deducciones por insuficiencia de cuota líquida, lo cual de producirse atemperaría el impacto de la medida anunciada», aclaran desde Gestha.

Uno de sus representantes en Andalucía, Antonio Paredes, puntualiza que «las tarifas del impuesto autonómico en Andalucía son de las más elevadas de España» y no sería hasta el próximo ejercicio cuando comenzara a aplicarse.

La presidenta en funciones aludió también en su investidura a otros beneficios fiscales. «En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, como he venido manteniendo en mi campaña electoral, adoptaremos medidas para rebajarlo –adelantó–. La principal modificación consistirá en la eliminación del llamado ‘error de salto’, para lo cual aplicaremos una reducción de 175.000 euros directamente en la base imponible». Este tributo, de los más altos de España, supuso el año pasado la renuncia a 5.977 herencias; al inicio de la crisis, en 2007, la cifra fue de 1.417. La principal causa es las altas cantidades que deben afrontar si se excede ese límite de 175.000 euros, para cuyo pago la Junta establece un plazo de seis meses.

Paredes explica que ese «error de salto» al que aludía Díaz supone que si se sobrepasa dicha cantidad en la herencia por cada beneficiario, debe tributarse por la totalidad y no sobre el exceso. Desde Gestha lo consideran «una barbaridad» y demandan que hasta el límite estipulado quede exento de pago para las familias.

Activar un nuevo Plan de Fraude Fiscal fue otro de los ofrecimientos de la candidata socialista. Este experto alerta de que la primera medida debería ser dotar a la Intervención de «más medios y mejor organizados». «Resulta una inversión rentable», asegura Paredes, que cree que la Junta tiene «margen para para luchar contra el fraude en impuestos cedidos». En su opinión, Administración central y autonómica deben coordinarse para que la acción sea efectiva. «Llevamos dos años planteando que tiene que haber una base de datos única en todas las comunidades autónomas», lamenta y demanda a la Junta que comience realizando un estudio previo sobre transmisiones patrimoniales para «guiar» la labor de los inspectores.

Desde Gestha consideran fundamental, por otra parte, poner el acento en los fraudes en subvenciones. El escándalo de los cursos de formación para el empleo no ejecutados ha destapado la falta de seguimiento en el gasto de los fondos públicos. «Es importante que el control sea inmediato porque las subvenciones, una vez percibidas, no hay posibilidad de recuperarlas dos años después», asegura. En este sentido, señala que «la intervención previa es más importante que el control posterior. Primero se tiene que comprobar que las empresas son reales y en segundo lugar observar que cumplen los requisitos que se exigen para la obtención de las subvenciones. Eso falla bastante».

Y concluye con algo que a priori parece evidente pero que no se cumple en la Administración andaluza: «Hay que subvencionar a las que sean viables. Si desde el comienzo, su viabilidad se pone en entredicho, es tirar el dinero».

La deducción por alquiler, a revisión

Una persona cumple todos los requisitos para beneficiarse de la deducción por alquiler de vivienda habitual pero la Administración rechaza su petición. El motivo es que el propietario no ha depositado la fianza en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), como tiene obligación. Esta queja, elevada desde Granada al Defensor del Pueblo Andaluz, ha motivado una sugerencia a la Junta para que se revise la normativa actual. La Consejería de Hacienda y Administración Pública se encuentra «analizando» esta situación, pero ignora cuántas personas han dejado de beneficiarse. Tampoco la Agencia Tributaria aporta este dato, alegando que no figuran a quienes se les deniega, si no aquéllos que se han acogido en su declaración de la Renta a dicha deducción. En 2010, fueron 65.064 personas las que se beneficiaron de esta medida; en 2011, aumentó hasta las 72.302 y 75.823 se beneficiaron en 2012, último ejercicio recogido en las estadísticas oficiales.