La secuela de una década de crisis: 350.000 parados más que en 2007

Las primeras alarmas se encendieron en junio de 2007, cuando el desempleo subió en Andalucía por encima de lo esperado. Diez años después, la región está lejos de volver a los niveles previos

La crisis económica supuso un estallido mundial, pero no se produjo de un día para otro. Aunque el efecto haya sido el de una bomba de racimo que ha asolado el tejido productivo y el mercado laboral, no hay un día «d» y una hora «h». Sí un mes en el que se encendieron las alarmas: junio del 2007. En contra de la tendencia natural de bajada por las contrataciones veraniegas, ese mes subió el paro en Andalucía más de lo esperado (un 1,91 por ciento) y en buena parte de España. A partir de ahí comenzó una escalada del desempleo que adquirió un ritmo geométrico hasta alcanzar cotas por encima del millón de parados en la región. Ya se ha cumplido una década. Y diez años después aún hay en Andalucía casi 350.000 personas más que en 2007 inscritas en las oficinas del Inem, sin trabajo (831.612 en agosto). Los últimos estudios como el del Observatorio Económico de Andalucía apuntan que la región va bien, pero «desgraciadamente no tanto como el conjunto de España». El mayor reto que tiene por delante la comunidad es remontar la salida de la crisis al mismo ritmo que la media para que la brecha con el conjunto nacional –75% del PIB per cápita español– no se acentúe más.

La fotografía de Andalucía en junio de 2007 poco tiene que ver con la actual. Aún quedaban casi dos años para que Manuel Chaves decidiera en un Domingo de Ramos frenético abandonar la Junta y poner rumbo a Madrid como ministro de Zapatero. No habían estallado los grandes asuntos de corrupción: ni ERE, ni formación, ni Invercaria, ni siquiera el «caso Matsa» de los diez millones a la empresa donde trabajaba la hija del ex presidente, que fue la espoleta de un periodo judicial que puso al Partido Socialista contra las cuerdas. La tasa de paro se mantenía por debajo del medio millón (482.914). Nadie en ese momento preveía lo que se venía encima. O no se quiso ver. Tal es así que a la vuelta del verano el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el anteproyecto de ley para que todos los que ganaran menos de 3.100 euros al mes tuvieran garantizado el derecho a una casa gratis. La medida se convirtió en uno de los eslóganes de campaña de las elecciones del año 2008, las últimas a las que concurrió el ex presidente andaluz. En ese momento –abril de 2008– los nubarrones ya eran más que evidentes, pero en su discurso de investidura en el Parlamento autonómico, al que llegó con una mayoría absoluta de 56 escaños, Chaves sólo reconoció un «leve deterioro del mercado laboral». Frase que la oposición estuvo recordando inmisericordemente el resto de la crisis. En septiembre de 2008 se hundió Lehman Brothers, la mayor quiebra bancaria de la historia con epicentro en Estados Unidos. A partir de ese momento, ni Chaves ni ningún otro dirigente político en España usó eufemismos como desaceleración económica. La crisis había llegado para quedarse.

Los años que siguieron al estallido económico pusieron a Andalucía al borde del abismo. El paro siguió creciendo exponencialmente hasta duplicarse el número de personas en solo tres años. En 2010 se superaron holgadamente los 800.000. Ya se empezaba a hablar del choque casi inexorable con una cifra maldita: el millón de desempleados. Uno de los grandes problemas con los que se enfrentó Griñán tras acceder al Gobierno fue la caída de la recaudación tributaria. Actualmente, la comunidad ingresa por su cesta de impuestos más que antes de la crisis (casi 15.000 millones de euros en 2016, un 5,48 por ciento más que el año anterior). Sin embargo, en 2010 la recaudación bajó un 15,97 por ciento, hasta descender al suelo de los 9.555 millones. Griñán no era partidario de subir impuestos. Se resistió, pero tenía enfrente un tsunami que Chaves tardó en divisar. A mediados de año aprobó una fuerte subida impositiva que afectó al IRPF y creó figuras nuevas, como el céntimo sanitario o el impuesto de las bolsas de plástico.

La fuerte subida de impuestos amortiguó el impacto sobre la prestación de servicios básicos, pero Andalucía tenía otro problema que no era menor: el estrangulamiento del crédito. La ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ante la imposibilidad de financiarse, lanzó en 2011 unos bonos patrióticos con una rentabilidad a un año del 4,25 por ciento. Un coste que era imposible de mantener durante mucho tiempo. No quedaba otra salida. Y fue una salida a la desesperada. A día de hoy, la remuneración de la Junta en las subastas de pagarés a un año ronda el cero por ciento (en torno al 0,01%) y el Estado sigue pagando las letras con valor negativo. A los inversores les basta con el valor refugio. Pero en 2012, la Consejería de Hacienda llegó a gratificar los pagarés a tres meses al 3,79 por ciento. Esa cifra la pagó la Junta en julio, el mes en el que la prima de riesgo del Estado llegó al máximo de los 649 puntos. El pulso económico entró en una fase de arritmia incontrolable y España estuvo más cerca que nunca de la intervención. Una palabra inglesa, «el default», bajó hasta la conversación de la barra del bar. España estuvo a punto del «default».

Ese año 2012 también hubo alguna que otra arritmia incontrolable con las elecciones autonómicas que apuntaban al cambio. Pocos días antes de los comicios la jueza Alaya envió a la cárcel a Guerrero y al «chófer de la coca» por el «caso ERE». Fallaron todas las encuestas y la pancarta de la celebración quedó enrollada en la sede del PP andaluz, que sufrió su victoria más amarga. La subida de impuestos de Rajoy fue la peor oposición a Arenas. Pero era inevitable. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda puso en marcha en 2012 una serie de medidas de liquidez que permitieron a Andalucía respirar. La primera, a modo de torniquete, fue a principios de febrero: una serie de préstamos a las comunidades a través del ICO, que se completaron posteriormente con las grandes líneas de auxilio financiero: el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores. En total, la Junta ha recibido a través de todos los mecanismos de financiación más de 30.000 millones de euros (29.651 millones al cierre de 2016, según datos del Ministerio de Hacienda). El Ejecutivo andaluz aboga ahora por que cesen. Así lo señala en el decálogo sobre financiación autonómica, pero en su día los recibió como agua de mayo. El efecto negativo es que ha acabado desbordando la deuda. La Junta debe al Gobierno 21.500 millones por el auxilio financiero durante la crisis. Tal es así que en los Presupuestos de 2017, que ya han tenido un marcado carácter expansivo –con un aumento del 2,8 por ciento respecto al año anterior–, el gasto financiero ha aumentado un 43 por ciento, hasta superar las inversiones: 3.761 millones frente a 3.668.

En 2012 también le tocó al bipartito PSOE-IU, que se encargó de fraguar entre bambalinas Susana Díaz, tomar las medidas más impopulares de toda la crisis. El déficit se duplicó y a la Junta no le quedó otro camino que aprobar un Plan de Reequilibrio Económico Financiero de más de 2.000 millones de euros, que supuso el recorte de las pagas extras de los funcionarios andaluces. A nivel nacional se suprimió la paga de Navidad de 2012. Andalucía mantuvo el recorte durante 2013 y 2014.

Lo peor de la crisis ha pasado. La Junta estima que el PIB subirá este año un 2,3 por ciento y otras instituciones lo elevan al entorno del 2,8. La previsión inicial del Ejecutivo de Susana Díaz era la de crear 85.000 puestos de trabajo en 2017. La cifra será sensiblemente superior. Andalucía está a las puertas de los tres millones de cotizantes a la Seguridad Social. Sin embargo, el paro sigue pesando como una losa diez años después. La región tiene prácticamente el doble de desempleados que se acumulan, sobre todo, en el sector servicios: 527.166 el pasado agosto. Apenas superaban los 255.000 en junio de 2007 cuando se encendió la luz roja de la crisis.

El análisis: La larga espera sin encontrar trabajo

1.475 euros es el salario medio andaluz, según el último informe de Adecco. Y ha sufrido un descenso de un 1,1 por ciento respecto al último año. En el conjunto de los 28 países de la Unión Europea, la media de emolumentos está fijada, atendiendo al mismo informe, en 1.934 euros. Por tanto, los salarios en la región distan un 23,7 por cientodel resto de la UE. En Alemania, la remuneración media alcanza los 2.576 euros al mes.

25,24% es la tasa de paro en la región, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2017. Es casi diez puntos superior a la media nacional, que alcanza el 17,22 por ciento. La provincia jienense es la única que aún supera el 30 por ciento, concretamente, el paro llega al 30,76 por ciento. Huelva es la provincia con menos tasa porcentual de paro: el 20,59 por ciento. A nivel nacional, sólo Melilla (30,22 por ciento) y Extremadura (25,76 por ciento) aventajan a la comunidad.

17,9% de los parados andaluces tiene formación universitaria. El principal factor que ha provocado la emigración de jóvenes a otros países es la alta tasa de paro entre universitarios. Roza, según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, el 20 por ciento en la región. A nivel nacional la situación es parecida, el 21,8 por ciento de los parados tiene educación superior y no encuentra trabajo.

42,8% de los parados andaluces lleva dos años o más buscando trabajo, según la EPA del segundo trimestre del año. Esto supone que en torno a 450.000 personas (la EPA, a diferencia del Inem, cifra el paro total en algo más de un millón) viven en la comunidad con las prestaciones de desempleo agotadas.

527.166 desempleados en el sector servicios, según los datos de agosto de inscritos en las oficinas del Inem. Es el sector que sufre de manera más virulenta el paro. La cifra sigue siendo el doble que hace diez años. La construcción aglutina a 86.515 parados.

21.500 millones debe la Junta al Gobierno por las medidas de auxilio financiero. La Junta ha recibido en torno a 30.000 millones de euros de los diferentes mecanismos de liquidez puestos en marcha por el Ejecutivo central.