La «transparente» encomienda de la Junta, al juzgado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) llevará a los tribunales una nueva encomienda de gestión del Gobierno andaluz a sus entes instrumentales, esta vez ligada a la tan en boga transparencia.

El 4 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) la Orden por la que se derivaba a la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces –adscrita a la consejería de la Presidencia que dirige Susana Díaz– «la realización de actividades de divulgación, formativas y estudio en materia de transparencia y acceso a la información». Unas actuaciones cuyo coste asciende a 91.690,00 euros.

En concreto, se le encargó la gestión y el mantenimiento de un «portal web» que «dé soporte al proceso de transparencia y participación ciudadana en la elaboración y tramitación del proyecto de ley de transparencia de Andalucía». Unos trabajos que «consistirán en cualquier tarea relacionada con el asesoramiento, gestión y mantenimiento del portal durante todo el procedimiento de elaboración de la norma, con especial atención al análisis de las propuestas recibidas y al control y evaluación de las mismas».

A ello se suma el «encargo y recopilación de tres dictámenes de personas expertas y de reconocida solvencia académica y profesional»; la organización de unas «Jornadas sobre la Ley de Transparencia de Andalucía» –que ya se han celebrado– y de otras «Jornadas provinciales de presentación del proyecto de ley», que tendrán lugar en cada uno de esos ocho territorios, una vez iniciada la tramitación del texto normativo. Para llevar a cabo estas tareas, la fundación «podrá realizar las contrataciones necesarias», según consta en la Orden.

Fuentes del gabinete jurídico de CSI-F explicaron a LA RAZÓN que la recurrirán porque «se encomiendan potestades públicas cuyo desempeño corresponde a funcionarios» de la Administración. Es más, recuerdan que ya se han impugnado resoluciones similares y el sindicato «cuenta con sentencias favorables incluso del Tribunal Supremo en las que se deja clara esta cuestión».