La UCO cree que las exoneraciones favorecieron las facturas irregulares

La jueza Mercedes Alaya acordó hace unos días remitir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tres resoluciones de exceptuación de justificar en plazo las ayudas para formación repartidas por la Junta que obraban en su juzgado. En el mismo auto, la instructora de la «macrocausa» pidió al Instituto Armado que ampliara su atestado con ésas y otras resoluciones, teniendo en cuenta «el número de subvenciones cuyo pago se propone» en cada una y su importe.

A la espera de lo que den de sí las nuevas pesquisas, los investigadores tienen claro ya varias ideas en torno a esas exoneraciones. De hecho en un atestado de enero de este año, explican que la Consejería de Empleo «mantuvo la convocatoria de subvenciones públicas para la realización de acciones formativas» apoyándose en ellas, aunque «no se cumplía con la obligación de justificar dichas subvenciones». Punto en el que los agentes recuerdan que el cesado al frente de la Dirección General de Formación Carlos Cañavate se encontró al incorporarse al cargo «con una cantidad aproximada de 950 millones de euros» en ayudas «que estaban pendientes de justificación».

«Esa falta de capacidad en el proceso de justificación por parte de la Administración y el uso del procedimiento de publicación de las denominadas ‘Resoluciones de Exoneración’ –hilvana la UCO–provocaba una situación de dejación en el control de las subvenciones otorgadas». Y no sólo eso. La no vigilancia posibilitaba, a su vez, que «determinados beneficiarios» de los fondos públicos «pudieran presentar, a sabiendas de la falta de control que existía en la Administración» facturas «por servicios realmente no prestados», «con importes mayores» a lo realizado y pagado; o recibos justificativos de «gastos sin el correspondiente estampillado que impediría su utilización en más de una subvención».

Las «irregularidades a las que llevó este sistema de subvenciones en todos sus órdenes», han quedado evidenciadas, a juicio policial, no sólo en lo actuado hasta ahora en el juzgado de Instrucción de Sevilla que coordina aún Alaya –a la espera de saber si se traslada o no a la plaza que ganó en la Audiencia de Sevilla–, también en informes emitidos por varios organismos de naturaleza diversa. En su atestado, la Guardia Civil se refiere en concreto a un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, a otro de la Inspección de Trabajo y a varios de la Intervención General de la Junta. A lo que suma que la propia Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Educación que dirige Luciano Alonso «comenzó a revisar todos los expedientes que se encontraban sin justificar», tras asumir en febrero de 2014 las competencias en esa materia que antes gestionaba el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Dirección que también ha aportado información al proceso judicial que la UCO considera de «especial interés» a la hora de «analizar el tipo penal de delito contra la Hacienda Pública» que se podría haber cometido en algunos casos al demostrar «la aplicación de los fondos objetos de subvención a fines distintos a los que estuvieron destinados».