La UCO confirma que los ERE «eran conocidos» por el Gobierno

Un comandante ratifica «el menoscabo de fondos públicos» que provocaron.

«Mi concepto de lo que es un menoscabo de fondos públicos se daba». Lo aseveró ayer uno de los investigadores en el juicio de la pieza política de la «macrocausa» que quedará marcada a hierro ardiente en la historia judicial de Andalucía, la de los ERE presuntamente fraudulentos. El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explicó ante el tribunal que en su opinión policial, y entendiendo el menoscabo «como el daño real y efectivo a fondos públicos», el quebranto «sí» se produjo en este caso, pese a que los ex altos cargos encausados, lista que incluye a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo niegan.

Su declaración dejó un rastro de ratificaciones, entre ellas la del atestado del grupo de delitos económicos de la UCO de 2012 en el que ya se apuntó a que los miembros del Consejo de Gobierno «conocían» el procedimiento para abonar las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de la Junta que ahora se enjuicia, basado en el convenio marco que firmaron la Consejería de Empleo y el IFA –luego agencia IDEA–. A preguntas del representante procesal del PP-A, Luis García Navarro, el comandante confirmó en la Audiencia de Sevilla su creencia de que «el sistema era conocido». Precisó que los agentes implicados en estas pesquisas no llegaron a esa conclusión «de manera caprichosa», sino que lo hicieron «en base a manifestaciones de determinados investigados» cualificados y con un «papel» relevante como el ex interventor general de la Administración autonómica, Manuel Gómez, o el ex viceconsejero y ex consejero de Empleo Antonio Fernández. A ello sumó que se fijó por un Decreto quienes eran «los destinatarios obligados» de los informes de la Intervención General entre los que «figuraban los consejeros de Economía y Hacienda» y los de los departamentos a los que estuvieran adscritos «por ejemplo el IFA/IDEA –Empleo e Innovación–». Además hicieron «análisis que permitieran objetivar» si los informes, en algunos de los cuales se alertó de anomalías, «llegaban o no a su destino» y se tuvieron en cuenta la participación en mecanismos como «la elaboración o recepción de las fichas presupuestarias y de las modificaciones» de las cuentas. Y hay más: «Si a mí Antonio Fernández me dijo que estos temas los ha tratado en el consejo general de viceconsejeros –los llamados “consejillos”– estando presente el consejero de Presidencia y que ha sido objeto de debate, pues me lo está diciendo alguien que formaba parte de esa comisión», añadió. Y remató anotando la importancia de que al pasar a depender IFA/IDEA de Innovación, se superó «el concepto de que esto es sólo Empleo». En todo ello soporta la Guardia Civil, en definitiva, su tesis de que el Consejo de Gobierno supo del método de reparto del dinero bajo sospecha que la Fiscalía cifra en 741 millones. Ratificó también la existencia de intrusos, cuya inclusión en los ERE atribuyó a «afinidades familiares, políticas o de amistad».