Las «cárceles» de menores incumplen las medidas de seguridad

La Junta detectó el año pasado 143 infracciones de las empresas que gestionan los centros para jóvenes condenados

Un centro donde las normas son clave pero se incumplen sistemáticamente. Es lo que sucede con los 16 centros de internamiento de menores de Andalucía, cuya labor consiste en reeducar a jóvenes condenados por algún delito. La Junta es la encargada de velar por su funcionamiento, que tiene encomendado a empresas concesionarias. En 2015, sin embargo, no hizo ninguna inspección, según admite en la «Guía de centros y servicios de justicia juvenil», un profuso documento donde especifica que tras ese año en blanco las irregularidades detectadas en los centros fueron «significativamente» superiores. Entre un control anual y el siguiente transcurrió más de un año, en concreto 16 meses, los que van de octubre de 2014 a marzo de 2016.

Los controles periódicos a los que se someten los centros de internamiento de menores desvelaron 143 irregularidades en su funcionamiento en todo 2016. En el primer control de ese año, «se señalan 112 observaciones, cifra significativamente superior a la anterior visita anual, de octubre de 2014, cuando se realizaron 91», según la Consejería de Justicia e Interior. Estas inspecciones pretenden garantizar tanto que las instalaciones donde los jóvenes cumplen condena como el trato que se les dispensa sean adecuados. En las tres realizadas detectó un centenar de carencias que vulneran la normativa o las condiciones suscritas con las empresas concesionarias del servicio, que precisamente se renovó durante 2015. Esas visitas están previstas en el calendario de la Dirección General de Justicia Juvenil y el año pasado hubo tres a cada centro. La primera se realizó entre marzo y abril a 15 centros, exceptuando el CIMI San Francisco-La Biznaga de Málaga, el único público. La segunda se retrasó al mes de julio y se supervisaron todos. La tercera fue entre octubre y noviembre.

En la revisión inicial se advirtieron irregularidades relativas a la instalación del mecanismo de apertura de puertas (12), el sistema de aviso lumínico de los dormitorios para comunicación con el exterior (7), no disponer de libro de registro de personal (7), no contar con arco de seguridad en recepción (6), no completar adecuadamente el libro de registro de medios de contención (5) y ausencia de mobiliario antivandálico (5). Tampoco tenían mecanismo de seguridad para impedir la manipulación de enchufes (4), ni custodiaban adecuadamente las historias clínicas ni la medicación (4). La falta de adaptación de los menús (4) y la carencia de sistema de videoconferencia (4) –que los jueces usan para comunicarse con los internos– fueron otras irregularidades, a las que se suman otras 13 que destacaban un deficiente mantenimiento de las instalaciones.

La Junta también advirtió carencias en el equipamiento de las aulas y falta de un mobiliario adecuado en las habitaciones de los jóvenes, a los que no proporcionan una mesa y una silla como zona de estudio. También se observaron disfunciones en la organización y el funcionamiento de los centros, que provocaron el retraso en las matriculaciones de los menores –la mayoría no tiene el título obligatorio de ESO– y relacionados también con la organización de la plantilla.

La guía analiza todos los recursos disponibles del sistema de justicia juvenil. Cada provincia tiene al menos un centro, pero que incluyan tratamientos terapeúticos solo hay cinco. Éstos contaron el año pasado con un presupuesto de 58,7 millones de euros. En total hay 766 plazas para atender a menores condenados por la justicia, que puede ser desde régimen cerrado, con internamiento a tiempo completo, a fines de semana o semiabierto, con asistencia diaria. En el documento se recoge que se ejecutaron algunas de las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, en las que requería mejoras en las intalaciones y en las prácticas con los adolescentes en determinados centros, como la eliminación de las concertinas –el alambre que se coloca en los muros para dificultar saltarlos–. Las recomendaciones se incluían en un exhaustivo informe elaborado por el también Defensor del Menor, que censuraba prácticas como mantener a los chicos atados con correas a su cama durante ocho horas o encerrarlos en una habitación de aislamiento con una luz fluorescente siempre encendida.