Las Escuelas Católicas quieren que la financiación de la concertada sea total

El presidente de ECA reclama acabar con la desigualdad respecto a la pública y que el comedor o el transporte sean gratuitos

La enseñanza concertada está en pie de guerra. Las posibles restricciones en la renovación de los conciertos educativos por parte de la Junta despertó los recelos de los afectados ante lo que consideran un «ataque injustificado». Hasta ahora, todas las manifestaciones y protestas de los titulares de los centros han ido encaminadas a defender el derecho de las familias a elegir libremente la educación de sus hijos. «Fueron unas declaraciones de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que decía a unos profesores interinos que antes se cerrará una unidad concertada que una pública» las que encendieron las alarmas en la patronal de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA). Su presidente, Carlos Ruiz, admite que hasta ese momento las relaciones con la Consejería de Educación eran fluidas. «Llevábamos más de un año estudiando la nueva situación del mapa escolar por la bajada de natalidad. Se estaba haciendo una reflexión en ese sentido y cuando llegó el momento de concretar, esas reuniones se difuminan y comienza a haber ambigüedad por parte de la Administración», relata.

El temor a perder clases en centros que ya disponen de concierto les llevó a movilizarse. El pasado miércoles los cuatrocientos centros de toda Andalucía pertenecientes a la ECA leyeron un manifiesto «en defensa de la libertad de elección». Esa misma tarde, la Consejera, Adelaida de la Calle, recibió en el Parlamento a sus representantes, trasladándoles el compromiso de «no cerrar ninguna línea con demanda de alumnos». Es decir, que los conciertos existentes se mantendrán. «Hasta que no tengamos garantía de que será así, lógicamente se mantendrá la convocatoria del día 18», advierte Ruiz. El próximo sábado, los concertados de las ocho provincias están llamados a concentrarse para exigir «desde el respeto y sin ofender a nadie» que se mantengan sus derechos. «¿Ahora vamos a tener miedo a que los padres puedan elegir el centro para sus hijos?», cuestiona el presidente de ECA ante la polémica surgida. «Me gustaría resaltar que los conciertos a quienes más benefician es precisamente a las familias económicamente más desfavorecidas por una razón muy sencilla: si no, solo hay educación pública y privada pura y solo una minoría de ciudadanos se puede permitir la privada. De ese modo, únicamente las familias con mayor poder adquisitivo podrían elegir», expone. En este sentido, puntualiza que «hay una diferencia sustancial entre lo que puede ser sanidad y educación: ésta no solo son conocimientos, las familias pretenden también a su hijo se le eduque mediante valores que ellos comparten».

En su opinión, el hecho de que España sea un Estado aconfesional no está reñido con el derecho de los padres a optar por un centro religioso. «La situación es sencilla: hay una demanda y el artículo 27 de la Constitución ampara a las familias en su derecho a elegir el centro que consideren más adecuado. Nosotros lo que decimos es que no se podrán cerrar nunca unidades que tengan una demanda social». «Nuestros centros transmiten valores cristianos, no como una cuestión abstracta: la dimensión social de compromiso con la sociedad es algo que está en el ADN de nuestra educación», insiste Ruiz.

En cuanto a las críticas por la financiación, la ECA cree que son infundadas. «Para colmo el puesto escolar nuestro está en un 50% de lo que es supone cada plaza en la pública, ¿qué de malo tiene entonces?». Esta amplia diferencia económica, según Ruiz, se sustenta porque «no nos conceden los mismos derechos y beneficios que a la pública. Por ejemplo: el profesorado no tiene las mismas condiciones; tampoco disponemos de servicios gratuitos que tienen los centros públicos como transporte o comedor –lamenta–. Eso va en detrimento de las familias que menos recursos tienen, que deben optar por uno público para poder acceder a las bonificaciones». Su apuesta es que la financiación pública abarque todos los aspectos relacionados con la educación, no exclusivamente las unidades escolares, como ocurre actualmente. «Para que la libertasd sea real se tienen que dar las mismas condiciones para todos», remarca el presidente de ECA. No obstante, quieren mantener la gestión independiente de los centros, incluyendo la selección del profesorado. «Tenemos que rendir cuentas y claro que lo hacemos en todos los aspectos, pero queremos tener autonomía pedagógica», remarca, tras recordar que «los estudios sobre el sistema educativo en Andalucía nos dejan en la cola». «¿Por qué la Administración no nos sienta en una mesa para que podamos aportar nuestro grano de arena?», se pregunta.

La enseñanza concertada recibe un 10% de los fondos de la Junta destinados a Educación. Este peso relativo se ha mantenido prácticamente intacto en las últimas dos décadas. En la última estadística del gasto publicada por la Junta, supuso 751 millones de euros. Mientras, la plantilla docente supone el 16% del total y uno de cada cinco alumnos acuden a un colegio concertado (196.000 escolares), repartidos de manera desigual en la comunidad. Córdoba y Granada tienen un 24% de concertados, mientras que en Almería solo suponen el 10% de los alumnos.