Las sombras sobre Aznalcóllar se prolongarán hasta 2019

La jueza baraja ampliar la instrucción otros 18 meses al encontrarse aún «pendiente» la práctica de diligencias y algunas de las partes la respaldan

Después de un primer carpetazo al proceso judicial y de que entrara en escena la Audiencia de Sevilla para ordenar la vuelta atrás al observar irregularidades en el concurso público con el que la Junta reactivó la mina de Aznalcóllar, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, declaró de complejidad la causa en noviembre de 2016. Hurgó en su rutina para coger de nuevo las riendas del caso y solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigara «el papel real desempeñado por la entidad Minorbis» y las circunstancias relacionadas con «la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales –desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación–, para desarrollar o asumir una labor» que justificara «dicha remuneración». Determinó que la UCO tuviera acceso «al contenido íntegro de las actuaciones y alegaciones de las partes», con el fin de que los investigadores pudieran elaborar «un informe completo sobre este extremo» del que diera cuenta al órgano judicial. La jueza, en definitiva, consideró necesario ampliar las indagaciones para aclarar la intervención real que tuvo Minorbis en el concurso y en la adjudicación del yacimiento minero ante la posibilidad de que hubiera actuado como mero intermediario para procurar la asignación a una filial del Grupo México. El tiempo ha pasado y este abril se cumplen los 18 meses de plazo para investigar que conllevó el que en un auto datado el 10 de noviembre de 2016 se declarara complejo el proceso. Ahora la instructora pretende volver a poner en marcha el contador de tiempo. En una providencia, fechada el pasado día 3 a la que tuvo acceso LA RAZÓN, Fernández da a la Fiscalía y al resto de partes personadas en la causa cinco días para que se pronuncien sobre la posibilidad de prorrogar durante otros 18 meses la instrucción, dado el vencimiento temporal señalado y teniendo en cuenta que, según asevera en su resolución, se encuentra «pendiente» la «práctica de diligencias» encaminadas a esclarecer si hubo o no anomalías en torno al concurso minero del Gobierno andaluz.

La providencia ya ha sido notificada a las partes y este periódico ha podido saber que al menos dos de ellas se mostrarán a favor de la ampliación al entender que «faltan pruebas por practicar». Es el caso de la organización Ecologistas en Acción y de la empresa Emerita Resources, una de las entidades que aspiraba a hacerse con la mina y que insiste en que hubo «trato de favor» al otorgársela a Minorbis/Grupo México. Así se lo trasladó al juzgado sevillano en un escrito en el que presentó alegaciones al atestado de la Guardia Civil que lo descartaba, como ya informó este diario. Fuentes del caso se mostraron convencidas de que la jueza se dará otros 18 meses, dado que «ya no parece tan claro que no hubiera alguna irregularidad».