Los atrasos en el metro de Granada ponen en peligro 190 millones de euros

La retirada del recurso de una UTE aspirante a la explotación del servicio ya adjudicado evita in extremis otra demora fatal. Los fondos Feder se perderían si no se inaugura antes del 31 de marzo

La multinacional Avanza Tren SA, adjudicataria del contrato de explotación del metro de Granada, inicia al fin hoy el proceso de selección de trabajadores. La Junta trabaja a contrareloj en la puesta en servicio de una infraestructura que acumula diez años de retraso. La última demora se anunció a primeros de noviembre, pero ha habido posteriores contratiempos.

La Consejería de Fomento tenía prevista la inauguración del metropolitano antes de que concluyera 2016, pero esgrimió razones de «seguridad» tras la petición de la empresa encargada de la señalización. Y se retrasó a marzo de 2017. Cualquier nuevo contratiempo provocaría que se perdieran más de 190 millones de euros de fondos Feder condicionados a la puesta en servicio antes del 31 de marzo. Así lo reconoce la propia Administración en la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, respecto a una obra que se presupuesto en 2007 en 260 millones y que al final costará 558 millones. La Junta, de hecho, respira aliviada después de que una UTE aspirante a la explotación del servicio retirase el recurso presentado a la adjudicación y se evitara otra demora fatal.

La Agencia de Obra Pública, adscrita a la Consejería de Fomento adjudicó el pasado 2 de noviembre la explotación de la línea 1 del metro de Granada al grupo empresarial Avanza. El valor estimado del contrato ascendía a 33,5 millones. Pero la UTE formada por Tibus SA, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA y GPO Ingeniería de Sistemas SL presentó un recurso especial en materia de contratación el 24 de noviembre que implicaba la suspensión automática del procedimiento hasta la resolución del recurso. El Tribunal Administrativo acordó el 1 de diciembre mantener esta suspensión. Pero ese mismo día la recurrente reculaba y presentaba un escrito por el que desiste del recurso. Sólo 24 horas después, el referido tribunal aceptaba la petición y en su argumentación explica que «no existe razón alguna de interés público que recomiende o exija la resolución del recurso». Así, procede al levantamiento de la suspensión. Por una vez –razones sobraban– los plazos se acortan llamativamente.

En sus alegaciones, presentadas el 29 de noviembre, la Junta exponía que la interposición del recurso «supone un retraso en la puesta en marcha de la explotación del metropolitano y, en consecuencia, en la formulación del contrato de operación, hito administrativo de enorme importancia y calado para la puesta en marcha de la prestación del servicio». Además, y para justificar el levantamiento de la suspensión, recordaba que el proyecto de la infraestructura «tiene financiación Feder, condicionada» a su puesta en marcha «a más tardar el 31 de marzo de 2017». Es más, la Administración admite que «los retrasos en la ejecución de los contratos relacionados con la puesta en marcha de dicha infraestructura suponen un riesgo de pérdida de financiación de más de 190 millones de euros» procedentes de fondos europeos.

Pese a estos datos, el tribunal optó por mantener la suspensión porque «la ponderación de los intereses en conflicto solo puede llevar al levantamiento de aquella medida de suspensión automática cuando la exigencia de ejecución que presente el interés público no admita dilación alguna y concurran circunstancias extraordinarias y excepcionales que impongan la ejecución inmediata del acto impugnado». La llamativa retirada del recurso habilita el procedimiento.

Aun así, el carísimo trazado de 16 kilómetros aún depende de la formación del personal, los rodajes técnicos, el expediente de tarifas y precios públicos... Tela que cortar.