Los beneficiarios y la Junta no «se pueden ir de rositas»

El interventor de Granada culpa a los primeros de incumplir la ley y a la segunda de permitirlo por lo que «habrá que delimitar responsabilidades».

El interventor provincial de la Junta en Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa, barajó las palabras para decir ante la comisión de investigación parlamentaria creada en torno a los cursos de formación lo que quería, que incluyó que ni los beneficiarios de las ayudas públicas ni la Administración que las repartía «se pueden ir de rositas en esta historia». Como reflejó en el dictamen de un informe especial sobre las subvenciones concedidas entre 2009 y 2012 que elaboró, los primeros, los beneficiarios con nombres y apellidos, «prácticamente» incumplieron la legislación que les es aplicable, «las obligaciones que les impone la norma». Pero la segunda, la Junta, «también actuó mal» al «no exigir» que se cumplieran. Gutiérrez entonó incluso el mea culpa por no haber registrado en su informe la referencia expresa a la Administración. «Habrá que delimitar las responsabilidades y si se ha hecho algo mal y con conciencia de que se ha hecho mal», sostuvo, para matizar, a preguntas martilleantes del Grupo Parlamentario Socialista que no acusaba a nadie de haber cometido un delito concreto porque excedía de su cometido.

Los encargados de formular los interrogantes fueron los diputados andaluces Elena Cortés (IU), Marta Bosquet (Ciudadanos), Juan Ignacio Moreno Yagüe (Podemos), Jaime Raynaud (PP) y Marisa Bustinduy (PSOE). En la intervención global de Gutiérrez, bien estructurada, hubo una música común ya escuchada: el Gobierno autonómico, en concreto la delegación provincial de Educación, les remitió la documentación de forma desordenada e incompleta y no contó con personal «suficiente», aunque sí más que en otros casos –eran un grupo de 14 personas–, para afrontar el «follón» y llevar a cabo el informe de control financiero «de tronío» que se les encomendó, sin experiencia previa en ese ámbito ni formación expresa.

Revisaron un total de 82 expedientes de un universo de 841, y de ellos «todos tenían algo». «No se libraba ni uno» de algún tipo de irregularidad, reiteró en distintos momentos, aunque puntualizó que en ocasiones se trataba de «formalidades». Explicó que había documentación en la que, al margen de la carpeta con el rótulo que la identificaba, «faltaba todo». «Abrías y no había nada», recalcó gesticulando, para admitir luego que, a la luz de lo radiografiado por los técnicos en las ocho provincias, «a lo mejor sería conveniente» que se analizaran todos. Relató que la Intervención se rige para desarrollar su trabajo por un reglamento que data de 1988 y que mostró a los diputados. «Es nuestro libro de cabecera y con esto actuamos», dijo, pese a que «ya ha llovido mucho» desde aquella fecha, deslizó.

Se refirió también a los informes de auditoría realizados con carácter previo, que paga la Junta, como la «clave para que todo estuviera perfecto», si bien, lamentó que a menudo pareciera que se hicieron «ex profeso para la empresa» a la que afectan.

En su destilado de situación aseguró que «no le consta» que se hayan llevado a cabo las recomendaciones que efectuó, como tampoco las revisiones de oficio de expedientes que la Junta consideraba «cerrados». Se negó a afirmar que no se vayan a producir prescripciones de los expedientes revisados y no dudó en expresar su opinión sobre que el órgano gestor –Educación y antes Empleo–no ha sido «muy diligente» a la hora de recuperar los fondos que no fueron suficientemente justificados. En ese sentido, detalló que todos los años, de manera automática, la Intervención transmite a la Junta un listado con los expedientes pendientes de justificar para que se proceda a intentar el reintegro de los fondos, si así lo consideran. Pero hay excepciones: los beneficiarios de las resoluciones de exceptuación aprobadas por el Gobierno regional no aparecerán en esos listados porque «no puede salir pendiente de justificar una cosa que está exonerada de justificar», resumió a Yagüe.

A lo que no quiso contestar Gutiérrez es a si se han usado las exceptuaciones para «permitir el fraude», como mantiene el PP.

Los grupos, salvo el PSOE, preparan sus conclusiones

La falta de personal, medios y la relajación, claves para las irregularidades y el posible menoscabo

F. M.- Sevilla

La comparecencia a última hora de ayer del interventor provincial de Jaén, Pedro González, sirvió para que los grupos políticos esbozaran ya sus primeras conclusiones después de las dos primeras jornadas de la comisión de investigación. Con prácticamente ocho horas de desarrollo de la comisión y varios intercambios de opiniones aún frescos, los diputados utilizaron su turno de palabra –solo el primero, ya que todos los partidos políticos renunciaron al segundo– para trazar un resumen de lo acontecido en lugar de obtener nuevos datos del compareciente. Más allá de lo que posteriormente acaben plasmando en las conclusiones, sólo el PSOE quiebra la unanimidad a la hora de señalar que la falta de personal, de medios y el escaso celo en el cumplimiento de la norma han sido claves en el desarrollo de este presunto fraude.

La diputada de IU Elena Cortés aseveró que pese a que «el PSOE se empeña en contar un cuento bucólico pastoril que ganaría premios de narrativa fantástica» ya hay una evidencia: «Existen irregularidades de todos los colores y de todos los tamaños».

Los argumentos que esgrimió Cortés fueron repetidos en cascada por todos los grupos políticos hasta llegar a la representante socialista, que se ciñó al guión preconcebido por la formación que ha sustentado al Gobierno andaluz en las tres últimas décadas: las irregularidades se limitan a cuestiones menores de carácter administrativo.

En su alocución inicial, el funcionario público, al igual que sus predecesores, ofreció de manera gráfica las dificultades para el desarrollo de sus tareas de fiscalización de manera ordinaria, situación que se agravó posteriormente cuando desde la Intervención General se les reclamó la fiscalización de los cursos. A la falta de personal, se le suma la limitada experiencia debido al trasvase de empleados públicos a otras tareas como consecuencia de los distintos concursos. En Jaén, al contrario que en otras provincias, la documentación, según dijo el interventor, sí les llegó –en papel– de manera más o menos apropiada.

Igualmente, al finalizar su intervención y a preguntas del PSOE recalcó que no apreció «menoscabo de fondos públicos» porque, de lo contrario, así lo habría trasladado en su informe.

Los llamados podrían subir

De momento son 69 los llamados a la comisión de investigación sobre los cursos, pero ese número podría incrementarse. Así lo recordó ayer el presidente del órgano, Julio Díaz, en relación a que puedan acudir más beneficiarios de ayudas. Según el plan de trabajo, los grupos podrán pedir, «de forma motivada» y vía la Presidencia, la celebración de nuevas comparecencias antes de que se haya abierto el plazo para remitir las propuestas de dictamen.