Los centros concertados piden explicaciones a la consejería

La Mesa de la Enseñanza Concertada de Andalucía se reúne hoy con carácter extraordinario y un único punto a tratar: la renovación de los conciertos educativos del próximo curso.

El encuentro se ha programado a petición de las organizaciones con mayor representatividad en el segmento de la concertada –Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), Confederación Española de Centros de Enseñanza en Andalucía (CECE), Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) y Unión Sindical Obrera (USO)–, con idea de recabar oficialmente de la Consejería los criterios seguidos para la supresión de las unidades que se quiere llevar a cabo.

Éstas se cifran en unas 60 en la comunidad autónoma andaluza, divididas entre las 40 aulas de los diez centros que el próximo curso mantendrán el modelo pedagógico de educación diferenciada por sexo, las diez unidades de ocho situados en zonas rurales afectados por el descenso demográfico y colegios ubicados en zonas marginales de entornos urbanos y que mantienen una baja ratio.

Los colectivos de la Mesa ya hicieron público un comunicado en el que rechazaban el «ataque sin precedentes del que ha sido objeto la enseñanza concertada en Andalucía mediante la retirada de concierto educativo a centros concertados de nuestra comunidad autónoma que poseen una alta demanda social, lo que demuestra su compromiso con la calidad educativa y el desarrollo social de su entorno».

Asimismo, critican la «destrucción» de puestos de trabajo en entidades educativas solventes, «sin problemática social o económica alguna, pese al cada vez más limitado apoyo de la administración educativa», lamentando el discurso «economicista» empleado por la administración educativa para justificar los recortes de unidades, «aún a sabiendas del menor coste de la plaza escolar en la enseñanza concertada».

De su lado, los sindicatos CCOO y UGT advirtieron de que no asistirán a la sesión de la Mesa si no es oída la petición sindical de incluir en dicha reunión la propuesta de documento para la protección del empleo y los derechos laborales de los trabajadores.

Por otro lado, la sección del sindicato Ustea e ha remitido un escrito a Educación en el que advierte de «serias dudas legales» respecto a la oferta de empleo público de 592 plazas de Infantil y Primaria en 2013, ya que podría estar determinada por el modo en que se lleve a cabo la derogación de la anterior convocatoria. Por ello, pide un informe de la base jurídica de la anulación de las oposiciones y del procedimiento legal de trasvase de plazas catalogadas para los cuerpos docentes incluidos en la convocatoria de Secundaria de 2012, cuya anulación es uno de los puntos básicos del acuerdo entre las administraciones regional y nacional a la hora de poder acumular las tasas de reposición del 10% de ambos ejercicios.