Los edificios de la Policía en Sevilla acumulan ya 23 millones de deuda

Se suele decir «más vale un mal acuerdo que un buen juicio», una frase a la que se ha referido ya en más de una ocación Juan Espadas como alcalde de Sevilla al referirse a la gestión de Juan Ignacio Zoido, su predecesor. Ayer, esta teoría cobró más fuerza. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a la compañía andaluza de ingeniería y construcción Detea y dictó sentencia firme en el juicio en el que reclamaba al Ayuntamiento de Sevilla las cantidades adeudadas por las obras de la comisaría de la Ranilla, que ascienden a 2,08 millones de euros. Detea finalizó y entregó las obras de la sede policial en octubre de 2011 –ya con Zoido en la Alcaldía–, pero el Consistorio hispalense no llegó a ejecutar la certificación final ni a liquidar otras cantidades significativas debidas a retrasos y paralizaciones de las obras, llegando la empresa al punto de presentar la reclamación de estas cantidades por vía administrativa justo un año después.

Ahora ha sido el TSJA quien ha reconocido en su sentencia firme una deuda del Ayuntamiento de 1.902.366,91 euros, IVA incluido, por la certificación final de obra, más otros 177.923,88 euros en concepto de indemnización por la paralización de las obras, un pago que deberá realizarse antes de final de octubre.

Además, el TSJA también ha reconocido a Detea el derecho a reclamar al Ayuntamiento la cantidad de 1.076.685,46 euros en concepto de intereses tanto de las certificaciones como de la revisión de precios.

Cuando en 2007 se presupuestó la comisaría, con Sánchez Monteseirín de alcalde, se presupuestó en 21 millones. En noviembre de 2010 se aprobaría una desviación presupuestaria de 3,3 millones. Y en septiembre de 2011 se supo que habría que añadirle 1,5 millones más porque el gobierno socialista dejó si presupuestar el equipamiento y la mudanza.

Negociar por «los charlies»

Al margen de esta sentencia, Detea también espera la resolución inminente del juicio de los edificios de Cartuja conocidos como ‘los charlies’, por el que la compañía reclama al Ayuntamiento más de 20 millones de euros por los dos años y medio de retraso en la entrega de los mismos y el ruinoso estado en el que se encontraban, y por los que la empresa desembolsó en su momento 23,7 millones de euros. La compañía, asegura que «se ha visto gravemente perjudicada en estos últimos años por estos dos casos» y ya ha transmitido al actual equipo de Gobierno, con Juan Espadas al frente, su disposición a negociar la deuda de «los charlies», y «evitar una nueva sentencia que resultaría especialmente gravosa a los sevillanos».