Los efectivos del SAE, una incógnita pese a llevar tres años y medio trabajando en ello

Antonio González ejerció de director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre el 13 de junio de 2012 y el 15 de julio de 2015. Tiempo después, ayer, se convirtió en el compareciente 58 de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz para destilar las posibles responsabilidades políticas del presunto fraude en los cursos de formación financiados por la Junta. En mitad de una escenografía repetida, el diputado de Podemos José Ignacio Moreno Yagüe le planteó si existía un archivo o u documento que reflejara la «plantilla» del SAE y que permitiera saber con cuántos trabajadores contaba ese organismo. González aseguró que ésa fue una de sus «preocupaciones» y que, de hecho, se creó una Secretaría General, «la intendencia», para que se encargara de ver que existía «una RPT –relación de puestos de trabajo–», saber «quién estaba dentro» y si estaban dónde debían estar. Es más, relató que «en noviembre de 2012» se sentó él mismo «con Función Pública» con el objetivo de «conocer exactamente» cuál era la estructura que tenía la agencia y la «dotación» para llevar a cabo «las múltiples tareas» que tenía encomendada. A lo que Yagüe replicó que entonces sí existía el documento por el que se interesó. La respuesta, más de tres años y medio después, es que no. «Se está trabajando, me consta», aseveró, para atribuir la tardanza a que «ha habido otro cambio de competencias y demás». «Pero este tema yo diría que está prácticamente en un fase de terminación», matizó para rematar: «No es una tarea fácil».

En varios momentos repitió una de las idea-fuerza de su comparecencia: en su etapa al frente del SAE propuso la separación entre la gestión de las políticas activas de empleo y la verificación o el control, incluso aseveró que entre ellas debería haber «murallas chinas». Negó que el organismo digitalizara nada y a la parlamentaria del PP-A Teresa Ruiz-Sillero le aseguró que tuvo «muy poco conocimiento» de la actuación de los consorcios-escuela –investigados por la Justicia– «por no decir que prácticamente ninguno». La popular intentó averiguar también si «se paró a reflexionar con su equipo» sobre las graves consecuencias de la «barra libre de exoneraciones» para todos, gracias a las que entidades cuyas justificaciones no habían sido revisadas podían solicitar más fondos, expresión de la que González marcó distancia.

Sí le admitió a José Antonio Castro (IU) que «posiblemente sí» firmó alguna propuesta de exceptuación para que se elevara al consejero y relacionó el uso de éstas con «el encadenamiento de convocatorias» de cursos año tras año. Castro repreguntó que si no exonerar podría haber significado la paralización de la formación y señaló: «Con un agravante, se podría haber dado la circunstancia de que en el resto del Estado se dieran –las acciones formativas– y aquí –en la comunidad– se paralizaran».

El ex director gerente del SAE negó que nadie le ordenara incumplir la legalidad vigente –llegó a manifestar que le hubiera «faltado tiempo» para irse de haber sido así– como que él se lo hubiera mandatado a alguno de sus subordinados. «Bajo ningún concepto» lo hubiera hecho, proclamó, para añadir: «Si alguien lo hiciera, se rompería la cabeza contra el muro» porque los funcionarios y el resto de empleados públicos son personas «responsables».

De instrucciones para saltarse la normativa se desvinculó por igual su sucesor en el asiento, el ex director gerente del SAE y del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), Antonio Toro, quien sí reconoció la escasez de medios humanos de la agencia andaluza, pese a que en su época se incrementó la RPT en torno a 700 plazas, que le parecieron «pocas». Sostuvo que la política de empleo «es intensiva en mano de obra», que «requiere muchas personas», si bien, la escasez de personal «es un problema crónico de los servicios de empleo en España». Circunstancia que provoca, entre otras cuestiones, que «los tiempos en los que se mueven los expedientes» sean «muy prolongados». Pero hay algo por lo que sí sacó pecho, en uno de los turnos de palabra de la parlamentaria de Ciudadanos, Marta Bosquet. A 31 de diciembre de 2008, según expuso con datos de la rendición de cuentas de la Junta, se habían acumulado «210,7 millones de libramientos pendientes de justificar» que un año después, a 31 de diciembre de 2009, pasaron a «sólo 103 millones». «Aceleramos todo lo que pudimos», pese a significar que «se nos quejaban de la lata que dimos», pero «llegamos a un mínimo histórico», incidió.

Consciente, como así lo expresó, de que dejaba sus palabras en manos de desconocidos, apuntó al PP que en formación profesional para el empleo «participaban más de 1.500 entidades» y «menos de un tercio» fueron exceptuadas. En relación a ese asunto reconoció que «es posible» que algunos de esos entes «ni supieran» que lo fueron, al ser «un problema», un mecanismo interno de la Administración, «exclusivo de Andalucía».

Durante la jornada, el diputado del PSOE Rodrigo Sánchez Haro anticipó la que podría ser la futura conclusión de su Grupo: «No hay indicios de responsabilidad política por ninguna parte».