Los entes locales regatean datos al Tribunal de Cuentas

La región está a la cola en el grado de cumplimiento del deber legal de remitirle los acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención

La gestión del dinero público no siempre es lo suficientemente pública, pese a los discursos sobre transparencia de fogueo. Los entes locales andaluces acumulan un extenso historial de incumplimientos con el Tribunal de Cuentas en lo referente al aporte de documentación al que se ha sumado otro. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) modificó diversas normas reguladoras de la organización y el control de ese sector, entre ellas, el artículo 218 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL). El número 3 del mismo estableció la obligación para la Intervención de esas entidades de remitir al mencionado tribunal los acuerdos y resoluciones adoptados por el órgano competente en los que concurrieran posibles irregularidades o deficiencias que hubieran dado lugar al oportuno reparo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Un deber que debía asumirse desde 2014, pero que no siempre se ha materializado, según lo reflejado en el «Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa» relativo a los ejercicios 2014 y 2015 y consultado por LA RAZÓN.

En el primero de esos dos años, el grado de cumplimiento de la obligación de enviar la relación de acuerdos contrarios a reparos se situó, «en términos agregados», en «el 54%», a la luz de lo expuesto en el informe, en el que se advierte además de «las diferencias entre las entidades locales de las distintas comunidades autónomas». Y es que, si en puntos como las Islas Baleares, Canarias y la Región de Murcia se alcanzó un nivel «igual o superior al 75%», en otros como Cantabria y Andalucía no llegó al «45%». En cuanto al envío de la documentación en plazo –el tribunal fijó como tope para llevarlo a cabo el 15 de octubre de 2015–, «el promedio» se colocó «en el 19%».

Por lo que respecta al ejercicio 2015, el grado de acatamiento de la reforma legal fue similar al del precedente, aunque subió hasta «el 55%». Se repitió además un dibujo de situación: las entidades locales de Canarias, Islas Baleares y Murcia fueron las más diligentes, con un índice de cumplimiento «por encima del 70%»; mientras, por contra, Cantabria y Andalucía «fueron las que presentaron un grado de cumplimiento más bajo», concluye el organismo fiscalizador. En las comparativas de ambos ejercicios no se incluye al País Vasco, según se precisa en el estudio desgranado por este periódico, al no incluirse en el número de entidades de aquella comunidad las locales menores, como sí en el resto.

122 entidades le hurtaron la información

Un total de 122 entidades locales andaluzas no remitieron la información sobre los reparos al Tribunal de Cuentas ligada al ejercicio de 2014, al de 2015, o a los dos en la mayoría de los casos. Sevilla fue el territorio más incumplidor, con 29 entes que obviaron su obligación, seguido de Cádiz, con 20; Granada, con 16 y Almería, con 13. En la provincia de Málaga fueron 12 los que se saltaron la directriz legal, en Jaén 11, como en Córdoba; y en Huelva una decena.