Los monitores de educación especial tienen claro los motivos de su precariedad: «Somos muchos y salimos muy baratos»

La portavoz de la Asociación de monitores de educación especial en Sevilla, Patricia Cuadrado, lamentó ayer la falta de respuesta por parte de la Junta de Andalucía, pese al cúmulo de evidencias que muestran la precariedad laboral del colectivo. Una situación que también afecta a los niños con diversidad funcional, objeto de la atención de estos profesionales.

La clave, a juicio de Cuadrado, se resume de manera clara: «Somos muchos trabajadores y salimos muy baratos a la Junta», dijo en declaraciones a Onda Cero.

Este servicio se externalizó en 2006, antes de la crisis económica, y la situación se ha agravado desde entonces, una vez que se redujeron los ingresos de las administraciones públicas. En un mismo centro educativo coinciden personal funcionario y trabajadores de empresas externas que realizan las mismas tareas bajo la supervisión de la dirección del centro educativo público, circunstancia que ya ha llevado al TSJA en una reciente sentencia a hablar de «cesión ilegal de trabajadores».

Como publicó ayer este periódico, la Inspección de Trabajo en Sevilla ha puesto al descubierto una deuda con Hacienda de más de 175.000 euros de Celemín & Formación SL, una de las empresas a las que la Consejería de Educación ha recurrido para externalizar el servicio. El informe señala que en el periodo temporal comprendido entre marzo de 2012 y septiembre de 2016, Celemín «no ha abonado a sus trabajadores las cantidades debidas en cumplimiento de los convenios colectivos de aplicación» y, como consecuencia de ello, «tampoco ha procedido al pago de la pertinente cotización a la Seguridad Social».

A juicio de la portavoz del colectivo este hecho supone un hito más en el compendio de agravios que sufren, no sólo al cobrar menos que el personal laboral de la Junta sino también porque dentro de las empresas externalizadas hay trabajadores con distintas categorías profesionales.

En el caso concreto de Sevilla, la Junta ha licitado un nuevo contrato que se espera esté adjudicado en marzo. El objetivo es que todos los monitores cobren según el convenio colectivo del sector.

El problema de fondo, la externalización del servicio, no parece que se vaya a resolver, ya que la Junta no ha mostrado interés por prestarlo con personal propio.