Los ocupas «en riesgo de exclusión» de Sevilla no han solicitado una VPO

SEVILLA- «Es inaceptable que se dé una patada en la puerta para acceder a una VPO, así que tenemos que defender a quienes han pasado por el sistema, que está reglado por ley». En estos términos se expresó ayer el portavoz del Gobierno local de Sevilla, Francisco Pérez, en relación a la ocupación por parte de cinco familias «en riesgo de exclusión», tal y como aseguran, de varias viviendas de una promoción de VPO en la zona de Nuevo Amate. Estas familias alegan que llevan «toda la vida» reclamando a la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa, una VPO, aunque los hechos desmienten esta versión.

Según la documentación que obra en Emvisesa, ninguna de estas familias ha emprendido el procedimiento para solicitar una vivienda. Dos de ellas ni siquiera se ha puesto en contacto con la empresa y las tres restantes se interesaron por carta sobre la posibilidad de solicitar una VPO. «Se les contestó emplazándoles a comenzar el procedimiento administrativo, pero no llegaron a materializar la solicitud», recordó Pérez.

Las familias han ocupado cinco viviendas de una promoción de 220, todas ellas en régimen de alquiler. Son cinco edificios que sustituyen a los antiguos bloques que fueron demolidos por su mal estado. Sin embargo, el pasado mes de septiembre sólo 71 de los inquilinos recogieron las llaves de los pisos que les correspondían, ya que la mayoría optó por permanecer en las viviendas de realojo.

El portavoz del Gobierno local detalló la situación legal en la que se encuentra actualmente la promoción: cien ya han sido entregadas, cuatro están pendientes de entrega tras la formalización de los contratos, 15 están «reservadas» y las restantes 101 están sujetas al procedimiento que regula estas adjudicaciones, a través de un listado de adjudicatarios iniciales y dos listas de suplentes.

Mientras, agentes de la Policía Local y Nacional siguen vigilando la zona, a la espera de las consecuencias que se derivarán de la denuncia promovida por Emvisesa. No obstante, el grupo de abogados que apoya a las familias presentó ayer ante la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y el Juzgado de Guardia una denuncia por un posible delito de coacciones. A su juicio, el cordón policial establecido «se está excediendo de sus competencias».