«Los planes urbanísticos aprobados por la Junta desde 2006 están en fraude de ley»

Ecologistas en Acción ha advertido al consejero del ramo de que «se podría estar cometiendo prevaricación» si se continúa dando el visto bueno a los PGOU que «no se someten a la normativa de la Unión Europea ni a la estatal»

Ecologistas en Acción teme que el urbanismo andaluz esté lastrado por un currículo de defectos de base. «Todos los planes urbanísticos tramitados o aprobados en la comunidad desde 2006 están viciados de nulidad, en fraude de ley», advierte Juan Clavero, uno de sus portavoces. Es un secreto a voces «conocido por la Junta», aclara. De hecho, Ecologistas mantuvo hace unas semanas una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en la que le avisaron «personalmente» de que «se podría estar cometiendo prevaricación si se sigue dando el visto bueno a planes urbanísticos que no se someten a la normativa comunitaria ni a la estatal». Se lo han comunicado también por escrito, tanto al consejero como a «sus servicios jurídicos», y les han trasladado además que pueden estar incurriendo en ese mismo delito «con las modificaciones de normas legales para posibilitar la legalización de viviendas y urbanizaciones que los tribunales han dictaminado que son ilegales y que, por tanto, lo que procede es su demolición».

Mientras esperan la respuesta del Gobierno andaluz, calculan que ya existen en el mapa regional 450 planes en elaboración que «se están evaluando ambientalmente de forma fraudulenta».

¿El motivo? Incumplen la Directiva Europea 2001/42/C, de aplicación obligada en España desde 2004, así como las normas estatales que la incorporaron al ordenamiento jurídico español, en concreto la Ley 9/2006 vigente en Andalucía hasta 2014 y la de aplicación actual Ley 21/2013.

«La Junta lleva una década saltándose la legislación europea con consecuencias demoledoras en el urbanismo, en el medio ambiente y en la ordenación del territorio», insisten fuentes de la organización «verde», para apuntar que el conflicto se acrecienta a partir de 2008, ejercicio en el que entra en vigor la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), en la que el Ejecutivo autonómico «exime a los planes urbanísticos del cumplimiento de la evaluación ambiental estratégica de la directiva comunitaria, sin tener competencia para ello». ¿En qué se ha basado la Junta para mantener su forma de actuar entonces? Clavero se lo explica a LA RAZÓN: «Argumentaban que la jurisprudencia era contradictoria porque mientras el Tribunal Supremo (TS) ha anulado, con sentencias contundentes, planes no sometidos a esa evaluación ambiental estratégica, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronunció en su día a favor del de Marbella (Málaga)». «Pero ahora –matiza el activista– el Alto Tribunal estatal ha anulado también este último, poniendo con ello en tela de juicio la política ambiental de la Junta, que es una política de hechos consumados que impide que se valore la necesidad de hacer o no las cosas, y los planes urbanísticos de una década».

«Se han permitido –vuelve al ataque– crecimientos urbanísticos tan desmesurados como injustificados, impidiendo analizar su necesidad y las alternativas a ese modelo especulativo. No han querido evitar crecimientos y ataques al medio ambiente que sólo han servido a intereses puramente económicos de los grandes promotores urbanísticos, frente al bien común de cubrir las necesidades reales de la gente». ¿El resultado? «Casas sin gente y gente sin casas», resume.

Y por si lo relatado no fuera suficiente, «para más inri», deslizan desde Ecologistas en Acción, «el pasado mes de mayo las direcciones generales de Prevención y Calidad Ambiental y de Urbanismo de la consejería del ramo, avalaron una instrucción conjunta para que las delegaciones provinciales y los correspondientes departamentos técnicos obviaran el someter los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) en trámite a la mencionada normativa de evaluación ambiental estratégica». En ese escenario, la organización conservacionista ha recurrido por vía administrativa o judicial decenas de elaboraciones de planes y modificaciones urbanísticas como los de Jaén, Córdoba o los de los municipios sevillanos de Carmona, La Puebla de Cazalla, Arahal, Bormujos, Salteras o Morón de la Frontera. Se muestran convencidos de que todos ellos serán «anulados», de acuerdo con la «jurisprudencia existente». Es más, Clavero adelanta a este diario que «si el PGOU de Chiclana (Cádiz), que está prácticamente ultimado, sale adelante», denunciarán «tanto al Gobierno andaluz como al Ayuntamiento por prevaricación».

La legalización de lo ilegal

Otro de los varapalos que, a juicio de los ecologistas, supone lo dictaminado por el Supremo en relación a Marbella, localidad que implementará ahora de forma transitoria el PGOU de 1986 hasta que se confeccione uno nuevo, afecta a la «legalización de lo ilegalmente construido gracias a modificaciones del planeamiento». «Otro de los clásicos puntos fuertes de la política urbanística de la Junta», critican, que ha permitido, «no sólo las 16.000 viviendas de Marbella, sino las 500.000 ilegales diseminadas por el campo andaluz», cuantifican.

Entienden que las resoluciones del TS cuestionan, en definitiva, «la legalidad del decreto de regularización de las viviendas levantadas en suelo rústico actualmente en curso, lo que, en la práctica, es una amnistía para los delincuentes urbanísticos».

Son varios frentes abiertos, pero confían en que la respuesta de los actuales máximos responsables de la Consejería de Medio Ambiente «no sea otra vez la de ‘sostenella y no enmendalla’», que es la actitud que, aseguran, han mantenido sus predecesores, «demostrando una absoluta prepotencia, desprecio a la legalidad y a los ciudadanos, y complicidad sin límites con los especuladores urbanísticos», recalcan.