Manada linchada

Quince años de cárcel, multiplicados por cinco reos, por un delito sin secuelas físicas ni psíquicas de ningún tipo para la víctima, según testimoniaron varios expertos forenses durante el juicio. Un exceso, sin duda, que adjetiva a la justicia impartida por el Tribunal Supremo con epítetos que la pervierten, tal vez «ejemplarizante» porque la turba requirió dureza o tal vez «inquisitorial» porque la presión de los medios de comunicación fue gigantesca. En esta España contaminada por las trincheras ideológicas y las riñas identitarias, ¿cómo no pensar que el origen sevillano de los condenados y la pertenencia de dos de ellos a fuerzas uniformadas ha aumentado el ansia de linchamiento? De cuando en cuando, saltan noticias de manadas cuyos actos son tan inicuos como los de ésta, como poco, pero su vigencia en las primeras planas es mínima. A Agustín Martínez Becerra, el abogado defensor, lo han apaleado públicamente por hacer su trabajo, que también consiste en representar a sus clientes en los platós, donde no en vano se ha gestado el alargamiento de su encierro. No supone un quebranto del ‘off the record’ revelar que hace unas semanas era consciente ya de que la suerte de los cinco estaba echada (para mal). Su comportamiento en aquellos sanfermines fue execrable y acreedor de un duro castigo. El asesinato civil no se lo merece nadie, mucho menos si se decreta para contentar a una jauría de ‘tricoteuses’ sedientas de venganza. Cumplido un decenio del secuestro, tortura y muerte de Marta del Castillo, esta sentencia emite un mensaje nítido: si un grupo agrede sexualmente a una mujer, le conviene asesinarla y desaparecer el cadáver. Conviene casi multiplicado por cinco, a tenor de los años de cárcel recetados, y conviene sobre todo tener alguna conexión con un partido de izquierdas.