Manuel Medina: «Cumplir al cien por cien la Ley de Transparencia es imposible»

El Consejo que dirige, cuya creación asumió hace dos años, acumula un millar de reclamaciones por la opacidad pública

–Lleva casi dos años como director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos. ¿Cómo han transcurrido?

–Tomé posesión en enero de 2016 de algo que no existía, que había que crear de la nada, y ésa fue la tarea de los tres primeros meses. Realmente a partir de abril fue cuando pudimos empezar a trabajar y a dictar resoluciones para tener siquiera los registros formales. El Consejo de Transparencia sigue el modelo estatal y es un órgano unipersonal con capacidad decisoria e independiente.

–¿Se creó con demasiada prisa?

–No, no creo. Me hubiera gustado que la Comisión consultiva se hubiera constituido antes –fue en junio pasado–, no porque el Consejo no pueda funcionar sin ella, pero su apoyo es muy importante. Nos hubiese permitido estar más advertidos de cómo se estaba incorporando la Ley de Transparencia al conjunto de la sociedad.

–Es una herramienta muy utilizada por asociaciones o la prensa, pero el ciudadano no la conoce tanto.

–Esto está cambiando en los últimos trimestres. La principal tarea para la que está previsto el Consejo es resolver reclamaciones de derecho de acceso a la información. Cualquier ciudadano, cualquier asociación, va a pedirle información a su alcalde o a un consejero y en principio tienen que dársela, porque se parte de la tesis de que toda información es pública. Es obvio que hay limitaciones por los derechos de terceros afectados o seguridad pública. Pero si la administración cree que no tiene que darla, tiene que argumentar razones reales. Ésa sería la vía tradicional. Pero hay otro pilar que es la publicidad activa, la obligación de que ayuntamientos, consejerías, etc. cuelguen en su página web determinada información que aparece en la ley estatal y sobre todo la andaluza, que amplía notablemente las exigencias.

–¿El consejo actúa de oficio ante incumplimientos?

–La línea general es que haya un control de oficio, teóricamente debemos examinar portal por portal. La singularidad andaluza reside en que hay la posibilidad de que un ciudadano haga una denuncia si detecta un incumplimiento. Eso está pasando mucho últimamente con los ayuntamientos. Hay muchísimos vecinos que con ver un solo incumplimiento interponen una denuncia. Esto provoca que la carga de trabajo sea muy superior al del resto de comunidades autónomas; pero también hace que la ciudadanía sea mucho más activa.

–¿Cuenta con personal para asumir toda esa carga que describe?

–Contamos con 22 personas. En el último trimestre cerrado, de julio a septiembre, por vez primera hubo más denuncias por incumplimientos de publicidad activa que por reclamaciones de acceso a la información. El problema es que como el listado de exigencias es tan grande y hay municipios muy pequeños, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones es muy complicado, es tremendamente difícil, francamente.

–¿No se ha creado una ley muy garantista pero inabarcable?

–A 30 de noviembre teníamos 992 asuntos ingresados –hemos resuelto casi cuatrocientos–. Nadie se esperaba tamaña cantidad de tarea. ¿Es abarcable? Hasta ahora no lo ha sido porque la asignación de medios inicial no contemplaba esto. Se aprobó la relación de puestos laborales recientemente y hemos tenido seis nuevas incorporaciones de juristas hace dos semanas. Si hasta ahora, con retraso, hemos mantenido el tipo, con estas incorporaciones estaremos en condiciones de abarcar la tarea.

–En mayo entra en vigor la nueva normativa europea sobre protección de datos. ¿Podrán asumir las competencias sin problema?

–La idea es que las asumamos materialmente el mismo día 25 de mayo, que es cuando caerá como una losa sobre el sector público y privado el reglamento, que es realmente muy duro.

–¿Qué cambia respecto a lo actual?

–Hasta ahora teníamos el derecho clásico europeo, con normas que dicen qué se puede hacer y qué no. El modo anglosajón es distinto, y está irrumpiendo ahora en Europa: ahí no se establecen tantos requisitos concretos si no que se parte del principio de responsabilidad proactiva. En este caso, respetar la protección de datos personales: la empresa tiene que hacer ver a la autoridad que ha tomado las medidas oportunas y si surge un problema, repararlo de inmediato. Cambia totalmente el escenario. Por ejemplo, habrá una figura, el delegado de protección de datos, que tiene que estar en todos los entes públicos y en muchas empresas privadas. Debe ser un experto que tenga práctica en esa materia y conocimientos de derecho, a ver quién está en condiciones de cumplir esto... ¿La consecuencia cuál vaca ser? Pues que muchas administraciones van a externalizarlo

–¿Cuál será la labor del Consejo en ese ámbito?

–El tema de protección de datos es otro mundo porque la capacidad sancionadora es tremenda. La competencia hoy la tiene la Agencia Española de Protección de Datos, hasta que no la tengamos no sabremos. De entrada, el papel de las autoridades de control se robustece. Y se incrementan las sanciones: hasta veinte millones de euros o un 4% del volumen de negocio, lo que sea mayor.

–¿Para llegar a eso qué debería ocurrir?

–Esas son las infracciones más graves. Depende de si el dato es especialmente protegido y de otros factores, eso servirá para modular la sanción. Las empresas estarán constantemente sujetas a inspección. Como ejemplo, el nombramiento del delegado de protección de datos hay que notificarlo y luego podrá ser visado o no.

–¿Van a disponer a tiempo de esa estructura?

–Es que si no no vamos a poder ejercer, tienen que estar antes de mayo. La verdad es que las competencias no era conveniente tenerlas antes, pero sí que ya nos hubieran dado los medios para estar preparando todos estos cambios. Espero que pronto estemos en condiciones.

–El concepto transparencia se apareja al de honradez, ¿está de acuerdo?

–Sí, cuanto más transparente se sea, menos posibilidades hay de cometer algo turbio.

–La Junta eludió hacer público el anteproyecto de la Ley de Presupuestos el año pasado pese a estar obligada. ¿Cómo explica que incumpla su propia normativa? En ese caso no pudo ser por desconocimiento...

–Yo no sé si fue desconocimiento o no, pero se evitan tantos problemas colgando el documento en el portal una vez que se ha entregado al Consejo Consultivo...

–El año pasado la Junta incumplió ese punto y este año ha colgado un anteproyecto de Presupuestos mutilado, con partes tachadas.

–Ése es un asunto que todavía no hemos abordado. Tenemos tres meses para resolver.

–¿Un diputado tiene derecho a pedir amparo al Consejo de Transparencia?

–Ese tema surgió con los concejales. Expongo un caso típico: un concejal como cargo público tiene derecho a pedir información al Gobierno municipal. Pues bien, nuestra tesis, que es también la que asume el Consejo del Estado, es que si pide información por la Ley de Bases de Régimen Local no puede venir al Consejo de Transparencia porque tiene su propio bloque normativo. Ese régimen es incluso más amplio y puede llegar al Tribunal Constitucional vía amparo. Ahora, como ciudadano de a pie puede acudir al Consejo. Lo que no me vale es mezclar ambas cosas porque crea inseguridad jurídica. Y sobre todo politiza de alguna manera el Consejo de Transparencia. Esta ley no se hizo con la finalidad de que los políticos controlen a los políticos, está para que los ciudadanos controlen a los gobernantes.

–¿Le preocupa que esa politización erosione su figura?

–Desde mi punto de vista no es positivo porque en el fondo actuamos como un órgano judicial. Somos un ente independiente, como un juez. Si tenemos que estar dirimiendo litigios de la oposición para controlar al Gobierno, nos convertimos en otra cosa.

–Los ayuntamientos son los más incumplidores. En su caso, la Cámara de Cuentas llegó a plantear sanciones a los alcaldes que no presentaran las cuentas de los municipios. ¿Por qué cuesta tanto ser transparente?

–El tema de las sanciones es otro que distingue a Andalucía: la ley estatal no lo prevé. No hay ninguna sanción jurídica, sí una reputacional. Eso lo hemos percibido a nivel municipal: hemos tenido alguna sanción porque el ayuntamiento equis incumple y automáticamente la prensa local se hace eco. Esa sanción a veces es mucho más importante, entre otras cosas porque la sanción jurídica conlleva un plazo más dilatado. En el caso de Andalucía, hay régimen sancionador, pero el Consejo no es el competente para sancionar. Lo que hacemos cuando detectamos una posible infracción es ponerlo en conocimiento del órgano competente y tienen obligatoriamente que incoar el procedimiento.

–Si hubiese tenido ocasión en estos meses de actuar de oficio en algún asunto, ¿tiene claro por dónde comenzaría?

–El control de la publicidad activa lo estamos ejercitando sobre todo vía denuncia, nos llegan muchísimas. Hay miles de sujetos obligados al cumplimiento de la ley, pero miles, un control exhaustivo es materialmente imposible. Vamos a poner en marcha planes de supervisión a partir de 2018.

–Entre los entes que pueden controlar están también los contratistas y perceptores de subvenciones. Hay colectivos que prestan servicios públicos que están muy afectados por el funcionamiento de las empresas. ¿Hasta qué punto se les puede exigir información?

–Solo están sujetas a determinadas exigencias de publicidad aquellas que reciben fondos públicos por importe de cien mil euros al año o un 40% de los ingresos. En Andalucía se incorporan también las que colaboran en prestación de servicios públicos conveniados como pueden ser sanidad, servicios sociales o educación. También está previsto las que presten servicios municipales, pero hay que desarrollar el reglamento. Esto ha planteado problemas porque han sido muy mal recibidas por las empresas, al tener que publicar los informes externos de auditorías o los salarios de altos cargos. Hay algunos datos que pueden ser tremendamente nocivos para una empresa. Plantea problemas jurídicos de una envergadura tremenda. De hecho si el coste por obtener financiación pública es ése, habrá quienes renuncien.

–¿Esta ley ha mejorado el funcionamiento de la administración?

–Cuando me hicieron el ofrecimiento me puse a ver de cerca qué podía suponer, visitando algunos portales web, que muchos ayuntamientos pequeños ni lo tenían. Que cumplan al cien por cien es imposible. Pero hoy por hoy el escenario ha cambiado como de la noche a la mañana.

–Sobre la financiación del Consejo, existe la posibilidad de convenios con entidades privadas.

–No la había ni barajado. Francamente, cuanto menor grado de dependencia haya con cualquier sujeto obligado, tanto mejor. El Consejo andaluz es autosuficiente, no necesitamos a nadie para contratar un bolígrafo. Esto trae quebraderos de cabeza pero preferimos que sea solo tarea nuestra.

–¿No teme que la comisión consultiva se convierta en un órgano de control sobre usted? En ella están organismos a los que a su vez el Consejo de Transparencia debe pedir cuentas...

–La veo más bien como un cooperador. En principio no tengo temor.

–¿Se han iniciado sanciones?

–Sí, está abierto un procedimiento sancionador por el anteproyecto de Presupuestos de la Junta.