Medio Ambiente: un listado de «puntos negros» por resolver

Ecologistas en Acción pone deberes al Gobierno andaluz y a otras administraciones competentes para 2018

Con cada cambio de año parece que todo se termina y que todo empieza. Pero la compleja y diversa realidad andaluza está atravesada por desafíos que no desaparecen como los relámpagos. En el ámbito medioambiental son múltiples los «puntos negros» que no se disolvieron con 2017. Voces de Ecologistas en Acción de las ocho provincias plantean algunos de esos desafíos por afrontar e insisten en la necesidad de la acción.

Almería

Desde allí, Pedro Sánchez apunta al hotel del Algarrobico que la promotora Azata del Sol intenta desde hace años completar en primera línea de la playa de Carboneras y lo hace para criticar «la torpe estrategia procesal que la Junta» ha desplegado con el fin de «hacer efectivo el retracto» de los terrenos sobre los que se levanta el esqueleto de hormigón. Esto «retrasará» una «solución» que para los conservacionistas pasa por demoler la edificación que se ha convertido en un símbolo del urbanismo sin freno. A ello suma «los cambios de uso de terrenos de secano a regadío». «A pesar de los problemas de agua y la dependencia de otras cuencas, la superficie agrícola no deja de crecer haciendo cada vez más insostenible la situación a expensas de trasvases y futuras desaladoras, con el agua subvencionada, por supuesto», condensa Sánchez. Líquido es el sacrificado acuífero Aguas sobre el que también quiere llamar la atención: se trata de «la masa con el índice de explotación mayor de Andalucía, según la planificación hidrográfica vigente», alerta.

Huelva

Entre los conflictos ambientales por resolver en Huelva Iñaki Olano señala a los restos que produce la actividad de la empresa Fertiberia que se acumulan en las marismas del río Tinto, «las conocidas balsas de fosfoyesos» de la capital. Su tamaño no es menor. «Son 120 millones de toneladas de residuos que por la diversidad de orígenes y calidades de las materias primas empleadas y sus impurezas conforman un mosaico heterogéneo e inestable, que incluye grandes cantidades de metales pesados y sustancias radiactivas y que nunca han sido debidamente caracterizadas» explica Olano. Si bien, Fertiberia pretende tapar los vertidos «con tierra sin ningún tipo de tratamiento», con lo que, a su juicio, «condena a estas marismas a ser un espacio muerto, en constante riesgo de filtraciones a la ría de Huelva, mientras que las emisiones atmosféricas procedentes de las balsas de apilamiento y vaporación generan graves afecciones a la calidad del aire». «La recuperación de la ría y las marismas ha sido y será un objetivo irrenunciable de la sociedad onubense y del movimiento ecologista», advierte. Junto a ello indica que «la destrucción del bosque mediterráneo» adquirió en 2017 «dimensiones sin precedentes». Sostiene que los incendios y las transformaciones de suelo «para monocultivos forestales de crecimiento rápido como los eucaliptos y para las explotaciones de agricultura industrial en regadío» están «destruyendo buena parte de la riqueza forestal de comarcas como el Andévalo y el entorno de Doñana». En su opinión, «en un área tan sensible para los impactos derivados del cambio climático, con ríos contaminados por las actividades mineras o esquilmados por la extracciones, trasvases y embalses, estas dinámicas propiciadas y amparadas irresponsablemente muchas veces desde instancias políticas, pueden terminar destruyendo la biodiversidad que alberga Huelva».

Málaga

Tampoco se ha llegado con éxito al final de todas las veredas en Málaga. Rafael Yus anota desde ese territorio un trío de puntos por abordar. Para arrancar menciona «el crecimiento insostenible del regadío de subtropicales» en la zona de la Axarquía debido a lo que califica de «burbuja del mango». A esto agrega el hecho de que no se haya incluido el Paraje Natural de Sierra Bermeja en «el inminente proyecto de Parque Nacional de Sierra de las Nieves» impulsado por el Ejecutivo autonómico. Por último, Yus no quiere dejar pasar la oportunidad de reseñar «la creciente mercantilización del litoral» ni de dirigir su preocupación en especial hacia el plan para construir «un hotel, una torre de 135 metros» en el puerto de la capital malagueña.

Cádiz

Lola Yllescas avisa desde Cádiz de «la escasa implantación en la provincia de sistemas de reutilización y reciclaje de residuos de todo tipo», aunque califica de «esperanzador» un proyecto experimental que se lleva a cabo en la sierra gaditana «de economía circular». Otra carencia por solventar es «la inexistencia de depuradoras» en ciudades como Tarifa o «el mal funcionamiento» de otras como la de Barbate, lo que tiene una «clara repercusión en la calidad de las aguas del litoral», lamenta. Inquieta asimismo a los ecologistas «la situación de la calidad del aire en el Campo de Gibraltar». «A las empresas petroquímicas, acerías, eléctricas, portuarias..., se suma en Los Barrios una de las tres centrales térmicas de carbón que quedan en Andalucía –con Carboneras en Almería y Puente Nuevo en Córdoba– que con sus vertidos a la atmósfera de dióxido de carbono y de óxidos de azufre contribuyen al incremento del cambio climático». No se olvida del estado de los caminos públicos y las vías pecuarias de la sierra, «con cuyos usurpadores», dice, los suyos tuvieron en 2017 «historias muy desagradable y mafiosas», que incluyeron la detención del histórico ecologista Juan Clavero por una trampa con drogas que ya ha sido desmontada por la propia Guardia Civil.

Jaén

«La provincia, con más de 550.000 hectáreas de olivar y 66 millones de olivos, es un enorme espacio de monocultivo que debido a una mediocre gestión por parte de la Administración, está provocando dos graves problemas ambientales en un contexto de cambio climático», afirma Javier Ramírez. El par de cuestiones a las que alude pasan por «la pérdida de suelo fértil por erosión» y «el descontrol sobre el consumo de agua para riego». Detalla que datos oficiales confirman «la desaparición anual por hectárea de entre 27 a 80 toneladas de suelo fértil». Para contrarrestar eso aboga por «un correcto manejo de la cubierta vegetal» y pide a la Junta que «controle y sancione las malas prácticas» de acuerdo a «la legislación existente». Sobre todo, porque esa circunstancia conlleva otras como «la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, al arrastrar fertilizantes y fitosanitarios, o la colmatación –relleno– de cauces» con la tierra acarreada. Dirige sus balas discursivas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el uso del agua. «La extracción de los cauces o mediante perforaciones y pozos ha dejado a acuíferos, arroyos y ríos jiennenses» en un estado «de sobreexplotación». Ello provoca «efectos negativos» a nivel ecológico, de abastecimiento humano y económico. «El tener más hectáreas de riego de las que se puede abastecer, supone un boomerang que podría volverse en contra de los agricultores que han invertido sus ahorros en un sistema que los puede dejar tirados cuando más lo necesiten», asevera. Y matiza que, en años de sequía, «se produce un efecto de ‘sálvese quien pueda’ entre los regantes», mientras las administraciones «se ven sobrepasadas y optan por maquillar» la realidad «con pequeñas medidas». Apuesta por «atajar» ya estos dos asuntos, dado que «se avecina» un futuro de «confrontación por el agua» y «de desaparición de la capa fértil del suelo» en el que «los ecosistemas acuáticos y todas las especies asociadas a éstos, junto con los agricultores tradicionales, serán los más damnificados». Turbios augurios.

Córdoba

Los temas «calientes» por encarar para Ángel Blázquez en Córdoba están ligados a la cementera de Cosmos de la capital, a un incendio y a vías pecuarias. Ecologistas se opone a «la incineración de residuos urbanos, neumáticos, plásticos agrícolas, lodos de depuración... a fin de ahorrar combustible y obtener ingresos por su gestión por parte de Cosmos a costa de la salud de la población». «Hay estudios recientes –desembrolla Blázquez– que muestran la mala calidad del aire en la ciudad y no queremos que esta industria contribuya a empeorarla con la emisión de sustancias como las dioxinas y furanos, que son muy peligrosas», sobre todo, dado que «no hay sistemas que depuren por completo las emisiones de la incineración» ni pueden garantizar «al 100% la ausencia de accidentes». Asegura que, «según declaraciones de la propia empresa, la incineración podría haberse iniciado en 2016» y la plataforma Córdoba Aire Limpio, en la que está integrada su organización, teme que «podría estar haciéndose sin las correspondientes licencias» por lo que pide a la Consejería de Medio Ambiente que «tome medidas». El fuego al que aludía fue el que afectó en octubre de 2017 a la planta de reciclaje de Recicor XXI. «En el último año el número de incendios en ese tipo de instalaciones ha sido increíblemente alto», recuerda. Si no son intencionados, como parece en el caso cordobés, ello significaría que las plantas «no cuentan con las medidas de seguridad reglamentarias o las que existen no son suficientes». De ser así, aboga por paralizar su actividad hasta corregir deficiencias y critica la falta de transparencia de la Junta sobre lo sucedido con Recicor XXI, al hacer notar que «aún no se ha dado a conocer su informe» ni datos sobre las mediciones de emisiones posteriores al episodio de contaminación. En cuanto a las vías pecuarias, relata que hace más de 15 años que reclaman «la clasificación de las de Aguilar de la Frontera», como paso previo «al deslinde, amojonamiento y recuperación», después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) archivara una inicial en 2008 tras el recurso de una particular. «No se ha vuelto a presentar ningún proyecto y estas vías se han visto cortadas por carreteras, usurpadas por particulares y obstruidas por cancelas», remata, para lanzar un mensaje al consejero del ramo, José Fiscal: «Llevamos demasiado tiempo esperando y viendo como este patrimonio público se pierde».

Sevilla

Antonio Ramos elige hablar, aunque incomode, de minería, debido a «su incidencia transprovincial». «Con independencia del ataque medio ambiental que supone una explotación minera, mayor o menor según sea en galerías o en corta abierta, las grandes minas hoy en explotación o a punto de estarlo, Cobre las Cruces (CLC) o Aznalcóllar, tienen una incidencia sobre otras provincias como consecuencia de las descargas de aguas», mantiene, en alusión al río Guadalquivir o al Parque Nacional de Doñana, por ejemplo. Cree Ramos que «desde sectores cercanos a las empresas mineras, bien directa o indirectamente, se pretende trasladar a la sociedad que la minería es una actividad compatible con el medio ambiente». «Nada más lejos de la realidad –niega–. Puede ser necesaria, pero no compatible. Pretenden ‘vender’ puestos de trabajo a cambio de degradación del entorno. Se realizan estudios para las empresas extractoras que los autores del proyecto saben que no se van a cumplir, pero que darán lugar a que, la poco exigente Administración andaluza con los temas mineros, dé por buenos los trámites para dar los permisos que procedan», denuncia. Defiende que lo descrito responde a un equívoco, que llama «neo industrial», en el que «no se puede continuar», de cara a «un futuro un más habitable y sostenible». Otro bloque desvela a los conservacionistas sevillanos: la depuración. «El 50,48%» de los municipios de la provincia, 53 de 105, «tratan de forma adecuada sus aguas residuales»; «el 16,19%», 17, «necesitan actuaciones en las depuradoras y adecuar los vertidos a la normativa vigente para eliminar correctamente el nitrógeno y el fósforo, al verter a zona sensible»; y «un 33,33%», 35, «no depura».

Granada

Para cerrar, fuentes de Ecologistas se centran en Granada para demandar que no se repitan hechos como el ocurrido en 2017, cuando el Puerto de Motril «se ‘tragó’ la acogida al barco cargado de residuos tóxicos ‘Cheshire’ que rechazó Canarias por su posible peligrosidad». Ponen más deberes al Ejecutivo andaluz: «Esperamos que este año presenten la información sobre contaminación atmosférica de un modo más claro y entendible para la población». Les intranquiliza en especial que se superen «umbrales límites» de ciertas partículas tóxicas «en el cinturón de la capital». Javier Egea esboza otras dos asignaturas pendientes: la «degradación» de un litoral que se pretende «domesticar» y, de nuevo, «una desastrosa gestión de las aguas». «En los últimos 10 años se han ‘tirado al mar’ en la provincia más de 10 millones vertiendo arena en playas que se sabía no aguantarían el primer temporal», remata.

Hay confianzas que se quiebran como algunas plantas por el hielo de la noche, pero los ecologistas aún esperan actuaciones que eviten la pérdida de la suya en los gestores del entorno de todos.