Muñecas de comunión, 80 kilos de pez espada o 196 de carnes, cargados a la Junta

Le tocaba el turno al empresario y ex alcalde socialista de Punta Umbría (Huelva), Gonzalo Rodríguez Nevado, en la comisión de investigación creada en torno a los cursos de formación en el Parlamento andaluz, pero casi no intervino. Llegó acompañado de su abogado –está implicado en uno de los procesos judiciales abiertos por este presunto fraude–y se acomodó en su silla para convertirse en el primer compareciente en acogerse a su derecho constitucional a no declarar. A continuación el PSOE quiso evitar que los parlamentarios formularan al aire sus preguntas al plantear una cuestión de orden, apoyándose en doctrina del Tribunal Supremo (TS). De hecho, su diputado Rodrigo Sánchez Haro aportó copia de una sentencia al presidente de la comisión, demostrando que conocía antes de arrancar la sesión la decisión de no hablar del ex alcalde y haciendo hincapié en que se podría «coaccionar» su derecho. Pero los Grupos lanzaron sus interrogantes para que quedaran reflejados en el Diario de Sesiones y con ellos narraron un relato posible a partir de los datos que habían recabado. Un relato que pasa por una cuestionable gestión de las subvenciones repartidas por la Junta a las empresas de Nevado que sirvieron para costear toda una galería de productos y servicios.

Los portavoces del resto de los partidos lamentaron la decisión del socialista de «no colaborar» con la comisión, máxime cuando, como pusieron de relieve tanto la diputada de IULV-CA Elena Cortés como la de Ciudadanos Marta Bosquet, su entramado empresarial recibió más de un millón público. Y ello, pese a que el Paraíso de la Dehesa SL «tenía impagos a la Agencia Tributaria por importe de 112.255 euros» y El Paraíso de Punta Umbría –de ambos fue administrador– «deudas con la tesorería general de la Seguridad Social por algo más de 184.000 euros», según expuso Cortés, quien aludió a la «mano maravillosa» con la que debía contar en «el Gobierno andaluz» para que le otorgaran los fondos en esas circunstancias, dado que la ley lo «prohibe expresamente». Bosquet sumó que el Paraíso de la Dehesa «recibió 202.820 euros por ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en febrero de 2011 para el restaurante que se cerró en septiembre, con deudas con la Seguridad Social».

Luego, los parlamentario Jesús Romero, de Podemos, y Miguel Ángel Torrico, del PP-A, enfatizaron sabrosos detalles. El primero quiso saber si «era real» que en un mes, los alumnos de uno de los curso de formación facturaran «26 kilos de lomo, 32 de papada, 42 de costillas, 44 de cinta de lomo o 52 de magro», es decir, 196 en total. Una relación a la que el popular añadió que, según un expediente ligado a cuatro cursos, «sólo en mercadería» y en un periodo menor de seis meses, una de sus empresas «se gastó para formación 90.000 euros». «¿Hacían falta –enumeró él también– 80 kilos de pez espada para prácticas, 100 de lenguado, casi 1.000 litros de aceite o 780 euros en 614 kilos de mantelería?». Y hubo más. Desveló que se habría imputado una «factura de un mes de teléfono el 100%» a la formación –Podemos aludió a otras de agua, luz, gas o tarifa eléctrica–, e incluso se cargó a «un curso de cocina» la compra de «hasta 20 muñequitas de comunión de lujo», a la luz de que se recoge en una factura fechada un 6 de mayo, «cuando empiezan las comuniones», deslizó Torrico, para ironizar sobre los ensayos que harían con ellas los alumnos en tartas. Para el parlamentario popular, el caso de Nevado es «paradigmático» de la «mala gestión de la Junta en todos los casos de los cursos de formación». Su Grupo presume que existió una «total confusión» entre la formación y el negocio de restauración, por lo que apuntó que le hubiera gustado que el compareciente contestara a «esa duda razonable». Como también a «¿cuánto facturaba al PSOE y a instituciones gobernadas por el PSOE?», a si «cumplió o no con su compromiso de contratación», o a si alumnado de los cursos era mano de obra en sus restaurantes. Por su parte, Romero introdujo otro punto: la Junta «nunca vio que había docentes sin la formación para impartir» las clases, como algunos que enseñaban inglés con un nivel básico; o no detectó que «algunos» de esos profesores «eran empleados suyos desde 2001». Y en relación con el papel del Ejecutivo andaluz, el diputado popular fue más allá. Reseñó que el sobrino de Nevado y gerente de una de las empresas, C. J. D., mantuvo en la alegación a una resolución de reintegro que no se había «dado un paso o tomado una decisión» sin consultar «previamente» con aquél, que habría dado «su visto bueno» a «decisiones», «modos» y «maneras de actuar». «Jamás se tomó una decisión sin contar con la aprobación de la Junta de Andalucía, a través de sus técnicos», leyó Torrico, para matizar que le habría gustado saber si el ex alcalde compartía esa opinión.

El representante «podemita» se interesó por los «sentimientos» que produjo en el compareciente «ver a la plana mayor del PSOE aplaudiendo, jaleando y agradeciéndole sus servicios» el 12 de febrero, el día que dimitió en el Ayuntamiento de Punta Umbría. Cargo que no fue el único que ha desempeñado, al margen de los dos Paraísos. Bosquet hizo un recorrido por los puestos que ocupó en otras empresas y que incluyó el ser consejero de Gestión Integral de Aguas de Huelva, la Sociedad Municipal de Gestión del Suelo de Punta Umbría, la Sociedad Municipal Salinas del Astur y la Televisión Digital Costa de la Luz.

El PSOE acusó a los demás Grupos de «pervertir» el papel de las comparecencias y recalcó que no iba a participar en la «coacción». Por último, el aludido rompió su silencio para transmitir a los integrantes de la comisión «el máximo de los respetos» y desearles «lo mejor» para ellos, los andaluces y todos los que están «inmersos en esta situación». No quiso irse sin dejar constancia de que le «apremiaba el tiempo», ya que tenía que «cuidar» a su hijo de 34 años que «se fracturó la cadera el día 11».