Nueve meses a la espera de las nuevas ayudas europeas al medio rural

La patronal de las empresas forestales exige a la Junta que reactive las licitaciones vinculadas a los fondos de la UE y lamenta los problemas de comunicación con la Consejería

AAEF defiende que las labores de prevención «las tienen que hacer las empresas del sector forestal»
AAEF defiende que las labores de prevención «las tienen que hacer las empresas del sector forestal»

En agosto de 2015 la Comisión Europea aprobó el nuevo Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2015, con varios objetivos en el horizonte vinculados a la Estrategia Europea 2020: la innovación, la mejora del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la recuperación del crecimiento económico y la generación de empleo en el ámbito rural. La puesta en marcha de las actuaciones, estructuradas en seis áreas prioritarias, implica la movilización de 2.449 millones de euros, de los que 1.919 corresponden a la aportación de la Unión Europea financiada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 377 a la Junta de Andalucía y 161 al Estado.

La Consejería de Medio Ambiente, en concreto, gestiona una cantidad próxima a los 569 millones de euros, 430 procedentes de los fondos Feader. Las principales dotaciones se destinan a proyectos de desarrollo forestal –en torno a 362 millones– y al apoyo de inversiones no productivas orientadas a la sostenibilidad ambiental de las explotaciones –72 millones–. Sin embargo, nueve meses después de su aprobación, el programa continúa en el dique seco porque «la Junta parece que está más preocupada por cerrar el marco anterior», tal y como asegura Javier Loscertales, director gerente de la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF).

La patronal del sector forestal exige la puesta en marcha «inmediata» del programa, dada su repercusión en el empleo. De hecho, ante la paralización de las ayudas comunitarias y la ausencia de licitaciones por parte de la Administración autonómica, casi la mitad de las empresas forestales han desaparecido en los últimos años. «Probablemente, desaparecerá otro 20 ó 30 por ciento si la Consejería de Medio Ambiente sigue sin dar cumplimiento a sus compromisos», denuncia Loscertales, quien critica además la «apuesta que se hace en la Junta por el empleo verde, algo totalmente falso, ya que no se está creando empleo nuevo, sino que se está destruyendo». En este sentido, señala que la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta «tenía que haber puesto en marcha el programa hace meses, ya que no se han publicado las órdenes de ayuda, no hay licitaciones, no hay proyectos ni actividad palpable en los montes».

El marco comunitario anterior desplegó inversiones por valor de 260 millones de euros, según recuerda AAEF. Ahora, la patronal exige que se movilicen en torno a 200 millones a través de licitaciones públicas «para tratar en estos próximos cuatro años de complementar lo que antes eran cientos de millones anuales». Sin embargo, la asociación no oculta que la Consejería se ha convertido en un obstáculo. «Cada vez son más difíciles los cauces de comunicación con los órganos de gestión de la Consejería y también es muy complicado llegar a acuerdos sectoriales», lamenta Loscertales. No obstante, la llegada de José Fiscal al departamento generó buenas expectativas en la patronal, puesto que se comprometió a reactivar las licitaciones, algo que «no se está cumpliendo».

En definitiva, AAEF considera que la Consejería «se lo está jugando todo a una carta, que es la del dispositivo del Infoca», un operativo que «sirve para extinguir los incendios, pero no para prevenirlos». «Las labores de prevención las tienen que hacer las empresas, ya que cuentan con profesionales a los que se les exigen mayores rendimientos y soportan más controles», sostiene Loscertales, además de apuntar que «un millón de euros invertidos en labores preventivas en el Infoca equivalen al doble de hectáreas tratadas por parte de las empresas forestales».

Igualmente, recuerda que en 2018 está prevista una revisión intermedia del programa, así que «el año que viene vendrán las prisas». «¿No hay nadie en la Junta que haga una planificación de lo que debe hacerse en los próximos años?», se pregunta.