Nuevo choque entre la Audiencia y Alaya por los ERE

No es la primera vez y previsiblemente no será la última. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, actual destino de la jueza Mercedes Alaya, ha vuelto a corregir una resolución de ésta vinculada a la instrucción del «macroproceso» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Esta vez ha rebajado en 499.942,77 euros –desde los 639.942,77 a los 140.000–, la fianza de responsabilidad civil que ésta impuso en julio de 2014 a dos imputados por unas ayudas públicas concedidas a Dhul.

Los 140.000 euros es la cuantía marcada para esa medida cautelar por la Fiscalía Anticorrupción al término de las comparecencias de ambos encausados en sede judicial, petición a la que se adhirieron el sindicato Manos Limpias y la parte más perjudicada, el Gobierno andaluz. Ahora, la Audiencia sevillana argumenta para justificar su decisión que «si las partes acusadoras fijan la cuantía del posible perjuicio y de la fianza a prestar en su aseguramiento», no cabe que la instructora establezca «otra superior».

El tribunal provincial estima así de manera parcial, en un auto fechado el 19 de octubre, un recurso interpuesto por los directivos de Caja Rural de Granada Mario Augusto Montecatine y María de la Cruz Ruiz contra la medida que la ex titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla les impuso de manera solidaria, en un auto en el que dejó claro la existencia de indicios de que los dos podrían haber cometido presuntos delitos de malversación y prevaricación.

Los compañeros de Alaya, encargados de resolver los recursos de los ERE, ya han anulado antes fianzas determinadas por la magistrada en el ámbito de esa causa. De hecho, lo hicieron el día después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmara el nuevo destino laboral de la jueza, cuando revocaron los más de 22,1 millones de euros gravados por ese concepto al ex viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta José Salgueiro. Éste fue durante años segundo de la ex titular de ese departamento, Magdalena Álvarez, cuya fianza de 29,5 millones también fue dejada sin efecto por el mismo tribunal. Y en sus cajones esperan aún recursos de otros imputados disconformes con las medidas cautelares decididas por la ex instructora.