Núñez vuelve a pedir al TSJA que investigue al diputado Gómez del PSOE

La jueza insiste en que hay «indicios racionales» de que se benefició de un «contrato simulado» con una empresa de la órbita de Lanzas y de que se le pagó por no hacer nada con fondos de Mercasevilla

La jueza insiste en que hay «indicios racionales» de que se benefició de un «contrato simulado» con una empresa de la órbita de Lanzas y de que se le pagó por no hacer nada con fondos de Mercasevilla

«Existen indicios racionales de criminalidad» de que «tanto el contrato» del diputado andaluz del PSOE-A y secretario de Formación y Nuevos Afiliados de ese partido, Carmelo Gómez, como los de «los otros investigados pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y abonados con fondos procedentes de la entidad Mercasevilla, mediante el pago de facturas por trabajos no realizados». Estas frases forman parte de la exposición razonada que la jueza María Núñez Bolaños ha vuelto a elevar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que éste investigue la vinculación del parlamentario autonómico con la trama empresarial del «conseguidor» de los ERE Juan Lanzas, después de que ese Alto Tribunal devolviera en enero la causa a su juzgado, el de Instrucción número 6 de Sevilla, por «déficit argumental» y para que la magistrada concretara la participación del aforado en los hechos presuntamente delictivos.

Con la cicatriz del paso mal dado, la instructora insiste y explica en un nuevo escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que Gómez, quien es además el vicesecretario general del PSOE sevillano, estuvo contratado por la empresa Maginae Solutions, ligada a Lanzas, desde el 22 de marzo de 2007 hasta el 1 de agosto de aquel año en teoría en calidad de «técnico superior en dietética». Y ello pese a que el objeto social de la mencionada mercantil pasaba por el asesoramiento a entidades de carácter privado o público en el ámbito sociolaboral, económico, tecnológico o de la gestión de recursos humanos, entre otras funciones. El importe total de las retribuciones que el diputado andaluz habría percibido durante los 133 días que figuró dado de alta en esa sociedad ascendió a los 8.390,55 euros, de los cuales 4.705,85 los recibió como empleado por cuenta ajena en general y 3.684,70 euros por rentas y dietas exceptuadas de gravamen, según especifica la jueza. La cuantía global coincidiría prácticamente, según subraya ésta, con la de los pagos por abono de nóminas «detectados a favor de Carmelo Gómez», que supusieron 7.846,19 euros. Para Núñez, hay «indicios razonables» de que Lanzas, «en connivencia» con el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, «habrían instrumentalizado el pago de los servicios presuntamente prestados» mediante la emisión de cuatro facturas «amparadas en los dos contratos de servicios firmados por Maginae Solutions y Mercasevilla». «Así –expone la instructora– se obtendrían los fondos necesarios para luego realizar los pagos a los trabajadores contratados indiciariamente de forma simulada en las empresas dirigidas por Juan Lanzas e Ismael Sierra –su cuñado–». De hecho, Núñez Bolaños pide al TSJA que se investigue además de a Gómez a otras seis personas no aforadas: Lanzas, Mellet, Sierra, el ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, el gestor José Rodríguez López y la que en la documentación hallada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aparecía como «Chica R», etiqueta bajo la que este periódico desveló que se escondía María del Carmen Rodríguez, la nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Y lo hace, al entender que «no parece que sea posible tramitar» de forma separada el proceso para el aforado y para el resto al imponerse, «como consecuencia del principio de continencia de la causa, la vis atractiva a favor de la competencia de la Sala con el fin de evitar que pudieran dictarse resoluciones contradictorias».

Núñez considera que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil. La pelota vuelve a estar en el tejado del Alto Tribunal regional.