Objetivo: arañar «décimas» al 1% de déficit para el Presupuesto

Una «no muy explícita», como definió su intervención, María Jesús Montero se limitó ayer, durante la comisión parlamentaria, a asegurar que los Presupuestos para 2014 se ceñirán al objetivo de déficit impuesto por el Gobierno y a marcar una serie de líneas maestras («políticas de empleo e inclusión social», «apoyo a la iniciativa empresarial», «reducción de parados de larga duración», atención prioritaria a «situaciones de emergencia», «sanidad y servicios sociales» y «educación»). Para evitar referirse al «techo de gasto» –que, por Ley, debió publicarse antes de agosto– o la «inversión provincializada», la titular de Hacienda se escudó en la «prudencia» y el «respeto a su socio de Gobierno», postergando las explicaciones al futuro debate sobre las cuentas.

Montero recalcó que el Presupuesto estará «condicionado por los recursos» y un «escenario muy restrictivo». «Partimos de fuertes ajustes», indicó, aludiendo a la «merma por los objetivos por PIB en lugar de atender a las necesidades de población». «Definir el déficit por PIB perjudica a las comunidades de peor renta», se quejó. No obstante, pese a estar en «desacuerdo con estos objetivos», el 1% marcado por el Ministerio «se va a respetar pero pelearemos para ampliar y obtener décimas adicionales». Montero recordó que en 2013 el objetivo fue del 1,58% y en 2014 sube al 1%. «El ingreso disponible baja un 36%», dijo, lo que supone «un ajuste de 800 millones en la previsión de gasto» y de «1.200 millones» en total. «Cualquier décima nos permitirá un mejor marco sin poner en peligro el estado de bienestar», recalcó, poniendo en duda que se pida un esfuerzo similar a las comunidades y al Estado, con un objetivo del 3,7%, «sólo una décima menos» que en 2013. «Es un desequilibrio escandaloso», remarcó. Si a Andalucía se le pidiera un esfuerzo igual que a España, «el gasto bajaría 62 millones frente a los 800 que se nos exige», lamentó Montero, que aboga por la reforma del sistema de financiación ideado por el Gobierno de Zapatero. La Junta trabajará en un mayor control del fraude fiscal y en «mejorar las transferencias de fondos europeos». También citó como medidas «el análisis de las partidas de gastos», «planes de mejoras de gestión, de racionalización del gasto operativo» y de «mejora de organización de los recursos humanos».

El diputado popular Rafael Carmona se unió a IU, socio del PSOE, en la «petición de información», aludiendo al «techo de gasto» y cuestionando «qué va a pasar con las tasas e impuestos» y con «las inversiones reales», las cuales exige «provincializadas» como marca el Estatuto. «Los que han provocado esta crisis son los poderosos y, tras 30 años gobernando, los ricos de Andalucía son ustedes. Han creado una red que todo lo puede. Cumpla la norma con los Presupuestos», exigió.