Ofensiva de los centros diferenciados, que convocan huelga y manifestación

Los diez centros de educación diferenciada a los que la Junta de Andalucía pretende retirar el concierto pasan a la acción.

Los diez centros de educación diferenciada a los que la Junta de Andalucía pretende retirar el concierto pasan a la acción. Después de que los directores presentaran recientemente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso solicitando la suspensión cautelar de la orden de la Consejería de Educación, los profesores y padres dieron a conocer ayer una batería de protestas, que se desarrollarán durante este mes. La más inmediata tendrá lugar hoy. Los delegados de personal de estos colegios se concentrarán durante una hora en la sede de la Consejería de Educación, en el edificio Torretriana de Sevilla. La próxima semana los padres serán recibidos por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, a la que reclamarán que exponga al Gobierno andaluz que la «voluntad del legislador ha cambiado», puesto que la Ley de Presupuestos Generales contempla la posibilidad de concertar a la educación diferenciada. El día 24 será una jornada caliente. Los empleados han convocado una huelga, entre las 11:30 y 14:30 horas, y también se desarrollará una manifestación, convocada por los padres y trabajadores, que partirá desde la plaza de la Encarnación y llegará hasta el Parlamento andaluz, «donde esperamos ser recibidos por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al que hemos pedido una reunión en reiteradas ocasiones», según apuntó Gema García, portavoz de la plataforma «Mis padres deciden».

Si se lleva a cabo la supresión de los conciertos, un total de 60 profesores podrían verse afectados en una primera fase. Posteriormente, con la progresión de la medida, casi 289 perderían su empleo. Por su parte, el sindicato USO reconoció que los empleados están librando una «lucha titánica», al tiempo que tachó la medida de «disparate», por que está motivada «por una simple razón ideológica». «Estamos echando este pulso porque defendemos un modelo de sociedad», subrayó.

Por su parte, García recordó que un alumno de educación concertada le cuesta 3.000 euros menos a la Administración educativa, lo que supone un ahorro de unos 15 millones de euros en total cada curso. Por ello, insistió en que «lucharemos por la libertad de elección del centro educativo», basándose en el «principio de pluralidad, que es lo más progresista». Tal y como ocurrió con los directores de los centros, García anunció que las AMPAS presentarán mañana ante el TSJA un recurso para solicitar la suspensión cautelar de la orden, además de invitar a todos los padres a los actos de protesta.