Otra grieta en el proyecto: «no hay agua suficiente» en la actualidad para la reapertura

En la cuenca del río Guadiamar no hay actualmente agua adicional disponible para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Una complicación más para un proyecto sembrado de dudas y que amenaza con dilatarse en no menos de un año hasta resolver su estudio y autorizaciones necesarias. Así lo comunicó ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, que aseguró desconocer en profundidad los pormenores de la reapertura de la mina.

La Junta de Andalucía adjudicó este concurso a la oferta que presentó el grupo México-Minorbis, filial de la empresa cordobesa Magtel –que ha recibido otras subvenciones de la Junta– después de un agrio desencuentro con el Gobierno central a cuenta de sus competencias. Susana Díaz defendió en las negociaciones los 1.300 puestos de trabajo que estaban en el aire. Finalmente, el Estado retiró el recurso, pero el proceso de adjudicación, puesto en duda por la otra empresa que optaba al concurso, Emerita, ha acabado siendo investigado por un juzgado de Sevilla que ha detectado falta de rigor y posibles irregularidades en todo el proceso. Cuando el Gobierno andaluz, con la presidente en funciones a la cabeza, comenzaba a respirar a la vista de las conclusiones de los informes de la Intervención y de los servicios jurídicos de la propia Administración, que hablan de un procedimiento «conforme a ley», el pronunciamiento de la CHG abre una nueva grieta en el proyecto.

Romero señaló que sólo mantuvo contactos informales con algunas de las empresas interesadas en el concurso y dijo desconocer cualquier información oficial sobre el proyecto ganador. No se trata de una cuestión baladí, pues la CHG debe estudiar y, en su caso, aprobar el plan de aguas de la mina, un trámite que, en el mejor de los casos, puede durar un año.

En estos momentos no hay agua disponible para esta explotación, salvo la que se pudiera obtener de la depuración de aguas contaminadas, almacenadas en cortas de la antigua explotación minera.

El embalse del río Agrio, que proveía de agua a esta mina cuando la explotaba Boliden, le fue expropiado a la multinacional por la propia CHG tras el desastre ecológico de 1989. Y una década después, sus recursos fueron asignados por la Agencia Andaluza del Agua (de la Junta) a la plataforma fotovoltáica de Solúcar, de Abengoa, y comunidades de regantes, para sustituir con este agua artificial la que extraen del acuífero que abastece Doñana. Además, la cercanía de la presa a los restos mineros contamina el agua y dificulta su aprovechamiento.

El Plan Hidrológico del Guadalquivir contempla un recredimiento de la presa del Agrio, pero la realización de esta obra, como el estudio y autorización consumirán un plazo no inferior a un año. «Hay recursos, pero hay que regularlos; estamos hablando de un proceso de licitación, pero cuando se resuelva este proceso y haya una empresa que tenga derechos mineros, tendrá que resolver muchos problemas, no sólo el del agua», apostilló Manuel Romero.

El proceso de adjudicación a Minorbis quedó paralizado por orden de Susana Díaz. «Siempre que haya una duda por parte de un juez actuaré de la misma manera», reiteró ayer la presidenta.

Pero a Díaz, pese a los informes favorables conocidos recientemente, le siguen exigiendo explicaciones. El presidente del PP-A, Juanma Moreno, destacó que «a quien hay que oír es al juez» del caso porque «las investigaciones dicen cosas diferentes» a la Intervención, que además participó en dicha adjudicación.

Mientras tanto, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) mostraba ayer su apoyo «absoluto» a los funcionarios que integran la comisión técnica que aclara, asesora e informa a la Mesa de Contratación, formada por personas elegidas por libre designación y que es «la responsable única» en el «caso de Aznalcóllar». La comisión, por tanto, «no es vinculante» para la Mesa de Contratación.