Otro freno a la Administración sin papel ya emplazada a 2021

La implantación definitiva de la tramitación electrónica, paralizada por la suspensión de un contrato impugnado por una empresa licitadora

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, ha licitado un contrato de casi 3,5 millones de euros para que una empresa crea y ponga en funcionamiento un catálogo electrónico de procedimientos administrativos destinado a que la implantación definitiva de la tramitación electrónica sea una realidad antes de 2022. Sin embargo, la impugnación del procedimiento por parte de una de las sociedades que opta al concurso ha provocado la suspensión cautelar del mismo hace ya casi un mes. La simplificación burocrática y el objetivo de lograr una Administración sin papel, clave en la mejora de la eficacia y eficiencia para la ciudadanía, se hace esperar demasiado.

La UTE Cremades&Calvo Sotelo Abogados e It Corporate Solutions Spain presentó un recurso especial en materia de contratación contra su exclusión de su oferta. El Tribunal de Recursos Contractuales optó el pasado 14 de junio por conceder la suspensión cautelar pese a que la Junta de Andalucía esgrimió la urgencia para la ejecución del contrato, pero sin «acreditar una exigencia inaplazable para la satisfacción del interés público», según detalla la resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La conclusión de un grupo de trabajo creado fruto de la cooperación entre instituciones planteó, como primer objetivo, la detección de las necesidades que, en materia de administración electrónica, tiene la administración local andaluza. Las conclusiones fueron unánimes en cuanto a evidenciar la necesidad de generar un catálogo electrónico que recoja todos los procedimientos existentes en los diferentes niveles de Administración Local.

Este catálogo, según la propia Junta, «permitirá la tramitación electrónica completa de los procedimientos administrativos incluyendo tanto las fases ad intra, como las ad extra, de manera que la implementación electrónica sea total en las entidades locales que hagan uso del catálogo».

El importe máximo de la contratación se establece en 2.875.521 euros, IVA excluido, y está financiado en un 80% con Fondos Europeos. Su distribución por anualidades será la siguiente: 344.673,97 euros, en 2018; 958.507,00 euros, en 2019; 958.507,00 euros, en 2020; y 613.833,03 euros, en 2021. Con IVA incluido, el contrato asciende a 3.479.380,41 euros. El plazo de ejecución, por tanto, será de tres años y en todo caso, el contrato tendrá que haberse ejecutado en su totalidad con anterioridad al 31 de diciembre de 2021.