Podemos se alinea con PSOE e IU para defender las dietas a los entes laborales

Teresa Rodríguez hacía público hace unos días un documento que probaba que el Parlamento andaluz sí paga dietas en agosto. En su caso, 2.500 euros por manutención y estancia, pese a que en la Cámara no hay actividad en ese mes. La líder de Podemos anunció que donarían estas cantidades recibidas. Pero el posicionamiento de la formación morada respecto a gastos superfluos en la Administración autonómica varía en función de quién los denuncie. Así, en el caso de la Proposición no de Ley presentada por el Partido Popular para «suprimir con carácter inmediato las indemnizaciones de participación» en los consejo laborales, Podemos optó ayer por alinearse con PSOE e IU para rechazar esta medida. Y no sólo eso, también rechazaron en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio mejorar la transparencia en la composición y funcionamiento de los cuatro organismos en cuestión: consejo de administración del SAE, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y en el Consejo Económico y Social de Andalucía.

El PP ya recibió en octubre de 2014 la negativa del entonces bipartito (PSOE e IU) a esta eliminación de dietas, que para más inri incluía el compromiso de destinar las cantidades suprimidas en el presupuesto de 2015 a desempleados en riesgo de exclusión social. Pero el pasado mes de agosto recuperó la propuesta. En realidad, se trataba de un órdago a Ciudadanos (9 diputados) y a Podemos (15), con la esperanza de que se aprobase. Parece bastante razonable que en una comunidad con una tasa de paro por encima del 30% y en la que los andaluces tienen que hacer continuos sacrificios por los recortes, sea la propia Administración y sus entes los que se ajusten el cinturón. Pero no. Sólo se ha aprobado por unanimidad respetar la paridad en los nombramientos de los integrantes de los respectivos consejos de adminitración.

Sólo «sí» a la paridad

Ciudadanos introdujo varias enmiendas «in voce» a dicha propuesta, como, en vez de suprimir las indemnizaciones, «reducir al 50 por ciento» esas indemnizaciones por participación, algo aceptado por el PP, al ver «sensata» dicha enmienda, pero en la votación fue rechazada por los otros grupos, y no salió adelante.

Tampoco lo hizo otra enmienda «in voce» de C’s para ampliar la presencia de otros colectivos en dichos organismos, que fue apoyada por el PP pero rechazada por los otros grupos.

Podemos, PSOE e IU también rechazaron ayer mejorar la transparencia en la composición y funcionamiento de los organismos, publicando sus integrantes y su procedencia, y haciéndose públicas las actas de los referidos consejo de administración.

Los 19 miembros del consejo de administración del SAE –el presidente y sus vocables– se reparten por asistencia 280.000 euros al año (la media supera los 14.700 euros por consejero); los 37 integrantes del Consejo Económico y Social, 637.500 euros al año (17.000 de media); 147.758 euros destina al mismo fin el Consejo de Relaciones Laborales; y 408.000 euros el Consejo de Prevención de Riesgos Laborales. En total, 1.473.258 euros.

Es cierto que se ha producido una sensible reducción con respecto al año anterior –la cifra ascendía a 1.781.104 euros–, pero no parece ético que los agentes sociales –sindicatos más representativos, empresarios y asociaciones de consumidores, además de los «expertos» designados por la Junta de Andalucía– obtengan estos beneficios, cuando ya reciben además 795.483 euros por su participación en el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Labores de Andalucía).

En 2014, ante esta misma PNL, los socialistas argumentaron que estos órganos «tienen una participación institucionalizada» y criticaron que el PP pusiera el foco «casualmente, en entes que están relacionados con el diálogo social». Izquierda Unida, por su parte, entendía que la propuesta pretende «suprimir la democracia y la participación». «Los populares quieren que nos controlen los ricos», dijeron.

Explicaciones de Podemos

En la misma línea que PSOE e IU, la parlamentaria de Podemos Carmen Lizárraga defendía ayer que estas indemnizaciones no son nominativas. «No se trata de una subvención, las cobran los agentes sociales para estar representados, pues necesitan recursos», dijo. De hecho, considera que eliminar estas cantidades supondría un «flaco favor a la concertación social», precisamente en época de crisis. Respecto a la falta de transparencia, Podemos argumenta que el PP ha de probar que existe, pues considera que las actas sí están disponibles.