PP y Podemos se plantan por los obstáculos de la Junta al envío de documentación

Partido Popular y Podemos se plantaron ayer en la comisión de investigación relativa al «fraude de los cursos» y usaron su turno de preguntas al empresario José María Pérez González para denunciar públicamente que el Gobierno andaluz no les envía documentos que pidieron hace meses. Concretamente, en relación a este empresario, el primer requerimiento de información fue en el mes de noviembre. Podemos amenaza con levantarse de la mesa en nuevas comparecencias si no tiene la documentación precisa mientras que el PP da un paso más allá y esgrime el artículo 502.2 del Código Penal, que desarrolla el delito de desobediencia cuando las administraciones incurran en una obstaculización deliberada.

Hace meses que todos los partidos, salvo el PSOE, se vienen quejando de la tardanza en la recepción de la documentación por parte de la Junta. De hecho, cuando arrancó la ronda de comparencias el Gobierno andaluz sólo había dado respuesta a 9 de las 106 peticiones que había formulado el Partido Popular. La gota que ha colmado el vaso ha sido el escrito de la semana pasada de la Dirección general de formación profesional para el empleo, en el que señala que la documentación reclamada «es físicamente imposible atenderla, no ya en los plazos que reclama la comisión, sino que resulta de imposible cumplimiento completarla dentro de un plazo razonable». Además avisa de los riesgos de prescripción de expedientes al dedicar personal a tareas que no son el seguimiento de estas ayudas.

La espita la abrió ayer el diputado de Podemos Juan Moreno Yagüe. Tras formular dos preguntas al empresario aseguró que su partido no podía continuar porque la Junta no había enviado los expedientes de todas las empresas. «No tengo ni un solo documento. No puedo seguir haciéndole mis preguntas. Si se repite en posteriores comparecientes tendremos que optar por abandonar las comparecencias».

El diputado de Podemos detalló que, al igual que en el caso del PP, la petición de información la formuló en el mes de noviembre. Sin embargo, o bien la información no existe –abundó– o existe y la Junta no la envía, lo que interpretó como un desafío a la separación de poderes.

El diputado del PP Miguel Ángel Torrico detalló que la petición de la información data del 3 de noviembre. Lo único que ha recibido su grupo son tres expedientes menores por un importe global de 150.000 euros, cuando las ayudas recibidas por Affoaan, de la que es presidente José María Pérez González, superan el millón de euros.

Denunció la «obstrucción permanente» de la Junta y avisó con el artículo 502.2 del Código Penal, que tipifica el delito de desobediencia para «la autoridad o funcionario que obstaculice la investigación del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las comunidades autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos soliciten o dificultando el acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación». Torrico apostó por reformular el plan de trabajo para que comparecientes, al darse una circunstancia como la de ayer, puedan tener un segundo turno. Un extremo que –adujo– rechazaron con sus votos PSOE y C’s. Además, denunció que ayer mismo su grupo recibió información sensible de la Faffe, una vez que habían comparecido responsables de esta fundación.

IU también se quejó de la falta de documentación aunque sí formuló preguntas. Más tibia fue la postura de Ciudadanos, que instó al empresario a que remitiera a la comisión la «vida laboral» de sus empresas investigadas ya que no lo hace la Junta. No obstante, el presidente de la Comisión, Julio Díaz (C’s), comparecerá hoy sobre este asunto. «Hay cuestiones que puedo entender y otras que no puedo entender», dijo. Llegaré hasta el límite dentro del poder legislativo».

La respuesta del portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, fue singular. Dijo que fotocopiar los 27 millones de folios que suponen los 18.499 expedientes que afectan a la formación supondría un trabajo de más de cinco años.

«He hecho un montón de de cursos a los que no han ido los inspectores»

José María Pérez González ha sido el primer empresario en declarar en la comisión de investigación del «fraude de los cursos». Pérez González es presidente de la Asociación para la Formación y el Fomento de la Agroganadería Andaluza (Affoaan). Aparece en un entramado de ocho sociedades –negó este extremo al señalar solo tres– que recibieron subvenciones millonarias por parte de la Junta. Sin embargo, su declaración quedó empañada por la falta de documentación remitida a los grupos sobre estos expedientes bajo lupa judicial.

El empresario, en cualquier caso, dejó algunas perlas. Puso en cuestión tanto el sistema de control por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como la existencia de concurrencia competitiva. En este sentido, dijo que Affoaan impartió cursos en los que no se recibió ningún tipo de inspección. Esta afirmación contradice la opininión de la mayoría de los cargos intermedios provinciales del SAE que en sus declaraciones de los últimos días señalaron que se producían hasta tres visitas «in situ» a los entes encargados de impartir los cursos para velar por el correcto desarrollo de los mismos. Aseguró en este sentido que en algunos casos le decían que las inspecciones no se podían hacer porque a las personas encargadas no le pagaban «el kilometraje y las dietas» y que sólo le compensaban con más días de vacaciones. «He hecho un montón de cursos en los que no han ido los inspectores».

Delimitó una barrera temporal en 2008-2009. Hasta ese momento señaló que su empresa no tuvo prácticamente ningún expediente de reintegro, pero que a partir de ahí «las liquidaciones se hacían a muerte».

«Hace 12 años no tenía deudas. Hoy tengo deudas grandes con los bancos de más de 400.00 euros y deudas con mi mujer, que me presta dinero». Esta circunstancia la vinculó sobre todo a la ausencia de convoctorias de cursos de formación. Hay que recordar que la Junta cortó de raíz estas convocatorias en 2012. Y desde entonces no se han reanudado. «En cuatro o cinco años se ha parado el reloj de la formación», relató. Las instalaciones de Affoaan llevan cuatro años cerradas. «Esto me está comiendo la vida. En el campo hace falta aprender algunos oficios. Hoy sólo saben talar cuatro viejos». Se quejó, asimismo, de que algunos expedientes se eternizaron en el Servicio Andaluz de Empleo. «Un expediente de un curso de 2008 se llevó en verificadores cuatro años».